La designación de Carlo Ancelotti como nuevo seleccionador de Brasil se ha visto empañada por una inesperada investigación de la FIFA, encendiendo todas las alarmas en el fútbol sudamericano. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, esta vez por el supuesto pago de 1.2 millones de euros a un intermediario sin la licencia oficial requerida.
El centro de la polémica es el empresario brasileño Diego Fernandes. Según documentos filtrados por medios como ESPN Brasil y UOL, Fernandes habría actuado como negociador en nombre de la CBF, a pesar de carecer de la acreditación exigida por el Reglamento de Agentes de la FIFA, en particular el Artículo 11. Su implicación directa ha puesto en entredicho la legalidad de la transacción.
Aunque el anuncio oficial de Ancelotti se hizo el 12 de mayo, las conversaciones venían de meses atrás, lideradas por el expresidente Ednaldo Rodrigues, quien fue destituido por supuestas irregularidades administrativas. Fernandes, con residencia en Madrid, fue la pieza clave elegida para llevar a cabo estas delicadas negociaciones, a pesar de su estatus.
La FIFA ha solicitado a la CBF la entrega del contrato firmado con Fernandes y toda la documentación relacionada con la transacción. El plazo establecido es el 4 de junio, justo un día antes del debut oficial de Ancelotti contra Ecuador en Guayaquil. Esta urgencia subraya la seriedad con la que el organismo rector del fútbol mundial busca esclarecer cualquier posible violación de las normas sobre agentes no registrados.
La presencia destacada de Fernandes, quien incluso viajó con Ancelotti desde Madrid a Río vistiendo una camiseta retro de Brasil, generó malestar en la actual dirigencia de la CBF, ahora bajo el mando de Samir Xaud. Su alta exposición e influencia, sin tener un vínculo formal con la institución, levantaron sospechas y cuestionamientos internos.
Con un salario cercano a los 10 millones de euros anuales y un contrato hasta el Mundial de 2026, la llegada de Ancelotti prometía una nueva era para la selección brasileña. Sin embargo, este episodio podría resultar en severas sanciones administrativas o financieras para la CBF si se confirma el incumplimiento de la normativa.
El "caso Fernandes" podría sentar un precedente importante, al ser el primer caso en América del Sur analizado bajo el nuevo reglamento de agentes de la FIFA, vigente desde 2023. La FIFA, que ya ha actuado en situaciones similares en Asia y África, ve en esta investigación una oportunidad clave para establecer directrices claras sobre el rol de los intermediarios en el fútbol internacional.
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