La decisión del Gobierno de Trinidad y Tobago de renovar solo una fracción de los permisos de trabajo para migrantes venezolanos ha generado una fuerte preocupación en el sector empresarial y agrícola del país.
Empresarios y agricultores locales, que dependen de esta mano de obra, aseguran que una deportación masiva produciría un duro golpe a la economía y a sus negocios.
Impacto en la economía local
Voces del sector privado destacan la honestidad y laboriosidad de los migrantes venezolanos, considerándolos indispensables para cubrir la escasez de mano de obra.
El agricultor Marlon Mahabir afirmó a EFE que su negocio no puede operar sin los migrantes. "Tengo doce venezolanos en mis campos que han contribuido al crecimiento de mi finca. Deportarlos les perjudicaría no solo a ellos, sino también a nuestra economía", aseguró.
Por su parte, el empresario Ashmir Mohammed confía plenamente en sus empleados venezolanos, quienes manejan sus restaurantes, hoteles y bares.
Mohammed lamentó que si son deportados, "tendré que cerrar algunos de mis negocios porque sé que no será fácil encontrar a alguien local que ocupe esos puestos, se han convertido en parte de mi familia."
Mientras que Jerome Teelucksingh, profesor de historia de la Universidad de las Indias Occidentales, destacó la "contribución notable" de los migrantes, cubriendo la escasez de mano de obra como camareros, guardias de seguridad y cajeros.
La Crisis de los Permisos
La incertidumbre sobre el estatus migratorio coincide con un aumento de las tensiones bilaterales entre Puerto España y Caracas.
Los permisos de los migrantes registrados expiran el 31 de diciembre de 2025. El Gobierno de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar planea renovar solo 727 de las 4.237 solicitudes presentadas.
La drástica reducción de permisos y la orden de deportación de indocumentados coinciden con una escalada en la crisis diplomática, avivada por el apoyo de Puerto España al despliegue militar estadounidense en el Caribe (con ejercicios militares conjuntos con la Marina de Guerra de EE. UU. esta semana).
Migrantes como Luis Paladino de 29 años y Andreina Pérez, que dejaron carreras profesionales en Venezuela, viven con el constante temor a la deportación, una "incertidumbre silenciosa y persistente".
Argumentos Legales y Éticos
El tema migratorio también ha levantado un debate legal sobre las obligaciones del Estado.
El abogado de derechos humanos Subhas Panday declaró que el Gobierno tiene una "obligación moral y legal" con los 16.523 adultos y 2.400 niños venezolanos a quienes se les otorgaron permisos temporales en el programa de regularización de 2019.
Panday advirtió que encarcelar a los migrantes con permisos vencidos podría constituir una violación de los derechos humanos.
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