Un tribunal federal de apelaciones le impidió al Gobierno de Biden remover el alambre de púas instalado por funcionarios de Texas en la frontera con México.
La sentencia del 5º Circuito de Apelaciones de EEUU, marca el avance más reciente en una disputa legal multilateral sobre cuándo la autoridad federal supera la acción estatal en la aplicación de la inmigración.
Texas demandó al Gobierno de Biden hace más de un año cuando agentes de la Patrulla Fronteriza cortaron el alambre de púa (también conocido como alambre concertina o "c-wire"–) que funcionarios estatales habían colocado en la frontera con México como parte de sus propios esfuerzos para prevenir el cruce fronterizo.
En una apelación de emergencia en enero, la Corte Suprema se pronunció 5-4 a favor de la administración de Biden, y permitió que los agentes federales quitaran el alambre.
Pero la disputa volvió al 5º Circuito después de que un juez de primera instancia realizara una mayor indagación sobre las afirmaciones que la administración estaba planteando en el caso sobre cómo el alambre supuestamente impactó las operaciones federales en la frontera.
En la sentencia del miércoles, el 5º Circuito rechazó los argumentos de la administración de que el gobierno federal tenía una llamada inmunidad soberana que prohibía la demanda.
Prohibición
Su orden que prohíbe a los agentes federales destruir el alambre incluye las salvedades de que el Departamento de Seguridad Nacional tiene acceso a la tierra de ambos lados del alambre para “la aplicación de la ley de inmigración y fines de emergencia”, incluido un área conocida como Shelby Park que estuvo en el centro de la disputa.
Dos migrantes se ahogaron en esa área mientras se litigaba la apelación de emergencia a principios de este año, aunque Texas argumentó que el alambre impidió los esfuerzos para salvar a los migrantes.
La nueva sentencia del 5º Circuito, que contempla los hallazgos del tribunal de primera instancia, dijo que “el movimiento de Texas hacia el parque, resulta que tuvo solo un efecto marginal en el acceso de la Patrulla Fronteriza y no tuvo nada que ver con los ahogamientos”.
La jueza Irma Carrillo Ramírez, nombrada por Biden, disintió de la opinión mayoritaria, que fue escrita por el juez Kyle Duncan y a la que se unió el juez Don Willet, ambos seleccionados por Trump.
El caso es uno de varios enfrentamientos judiciales en curso relacionados con la inmigración entre Texas y la administración de Biden que podría ver un cambio en la postura del Departamento de Justicia una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo.
El equipo de Trump ha mencionado que quiere colaborar con Texas en sus esfuerzos en la frontera como parte de los planes de la nueva administración para una mayor represión de la inmigración.
Con información de CNN
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