Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación, de no hacerlo advirtió que la relación entre los dos países sufrirá un “colapso”.
Una petición que hace ante el riesgo de que la justicia estadounidense lo condene a pena de muerte.
“Debe intervenir (el Gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”, dice un escrito que presentó Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, en el Consulado General de México en Nueva York, citó La Opinión.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señaló que si no se interviene en favor de sus derechos, los políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino, pues recordó que él llegó a ese país por un secuestro transfronterizo.
Zambada afirmó en julio de 2024, que fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, y secuestrado en Culiacán para entregarlo en Texas a autoridades estadounidenses que lo encarcelaron en Nueva York, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
Es por ello, que enfatizó que “Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”, a su juicio, “incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso”.
“El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte. Si el Gobierno de México no actúa, constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier Gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”, manifestó.
Insistió en su solicitud de repatriación inmediata, argumentando que mi traslado "fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes”.
“Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas”, concluyó el capo.
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