El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello en una causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de diversos organismos del Estado.
La investigación señala que durante su gestión se firmaron 45 contratos con 25 intermediarios diferentes, generando comisiones millonarias y una posible manipulación en la asignación de fondos públicos, informó el medio argentino Clarín.
¿Qué señala el expediente de Alberto Fernández?
El expediente detalla que Fernández habría participado en negociaciones incompatibles con sus funciones públicas, además de estar vinculado a una estructura que desviaba recursos mediante contratos direccionados y cooperativas que funcionaban como financieras.
Del mismo modo, la resolución judicial menciona que el ex jefe de Estado terminó procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública” y con un embargo cercano a los 14.634 millones de pesos argentinos.
Héctor Martínez Sosa, broker cercano a Fernández, su esposa María Cantero, y otros exfuncionarios del directorio de Nación Seguros también fueron procesados. Enfrentan cargos por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes como funcionarios públicos, con embargos similares al del exmandatario.
Revelan detalles del presunto esquema ilícito de Fernández
La causa comenzó tras una exhaustiva investigación del diario Clarín y fue instruida desde un principio por el juez Julián Ercolini. La denuncia apunta a que Fernández firmó un cuestionado decreto y participó en la firma de contratos con intermediarios privados, quienes recibían comisiones millonarias por gestionar seguros para entidades públicas.
El documento judicial describe cómo durante la gestión de Alberto Pagliano al frente de Nación Seguros, la empresa estatal pagó más de 3.364 millones de pesos en comisiones, principalmente a tres grupos liderados por Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello. La causa sostiene que “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales”.
Hasta ahora, unas 40 personas han sido indagadas en el marco del expediente, todas acusadas de intervenir coordinadamente en un esquema destinado a recaudación y distribución irregular de fondos públicos.
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