La asociación Causa en Común denunció este miércoles que la liberación en la venta de armas de asalto en Estados Unidos en 2004 provocó un incremento de la violencia y asesinatos en México, ya que el número de armerías en estados fronterizos, como Arizona y Texas, creció exponencialmente.
"La dinámica en la oferta y demanda de armas no ha cambiado desde hace varias décadas, por lo que los esfuerzos binacionales han sido poco redituables (beneficiosos)", destacó en un comunicado Eric Olson, miembro del Instituto México del Woodrow Wilson Center.
Asimismo apuntó, "que la cooperación binacional debe concentrarse en el control fronterizo, integrando el tema de tráfico de armas al de trasiego de drogas, ambos, problemas que deben ser abordados de forma conjunta".
Por su parte, el presidente de la Sociedad Americana en México, Larry Rubin, puntualizó que es importante atender el tema de narcotráfico "porque esto afecta en temas de seguridad al país" y apuntaló que "la solución es que ambos países colaboren para controlar las armas y el tráfico de drogas".
Los especialistas coincidieron en que se requiere de una mayor vigilancia en ambas fronteras y de una colaboración conjunta entre Estado Unidos y México, además de ver a la nueva administración de Joe Biden como una oportunidad pata abordar estos temas.
Agenda "muy compleja"
En enero, el encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, reconoció que "la agenda (entre ambos países) siempre es muy compleja y tiene muchos elementos”.
La cooperación para el desarrollo del sur de México y norte de Centroamérica, el tráfico de armas y la vacunación contra la covid-19 son los temas que el Gobierno mexicano, según la cancillería, pondrá sobre la mesa en las próximas reuniones con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.
Según un análisis de la Universidad de Toronto publicado en la revista científica "The Lancet Publich Health" el pasado 19 de junio, entre 1990 y 2015 México fue el cuarto país que más muertes por arma de fuego registró, 272.000, solamente precedido por Brasil, Estados Unidos y Colombia.
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