El presidente de Perú, Pedro Castillo, evalúa acudir al Tribunal Constitucional, en el caso de que no se admita la tutela de derechos para anular la investigación fiscal abierta en su contra por presunta corrupción, declaró este martes su abogado Benji Espinoza.
Abogado de Castillo
Espinoza declaró a Radio Exitosa que si en la tutela de derechos su representado no encuentra justicia, "lo que corresponde es una demanda constitucional de amparo que lo resuelve el juzgado constitucional".
Añadió que, en última instancia, "tiene la palabra el TC (Tribunal Constitucional) que es el celoso guardián de los derechos constitucionales".
La Fiscalía investiga desde abril pasado las denuncias de irregularidades en la construcción del puente "Tarata II", en la Amazonía del país. Este se otorgó a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción.
En esas pesquisas se incluyeron a 13 personas. Además, la Fiscalía considera que existía una organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo, liderada por el presidente Castillo. Hasta el momento, Castillo niega esas acusaciones.
Fiscal General de Perú
El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, ordenó ampliar las pesquisas contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal; tráfico de influencias y colusión agravada.
El abogado del mandatario añadió que están evaluando si Castillo acudirá a la citación hecha por Sánchez para el próximo 13 de junio.
"Estamos evaluando, una opción es la reprogramación, otra es ir a la declaración, es un medio de defensa, son opciones que se barajan, no hemos tomado la decisión", anotó.
Espinoza presentó este lunes 6 de junio una petición de "tutela de derechos" ante el Poder Judicial. Esto con el fin de anular la investigación que sigue la Fiscalía contra el gobernante. Cabe destacar que la Fiscalía de Perú rechazó su pedido para que se declare la "nulidad absoluta" de la pesquisa. Pues considera que Castillo goza de inmunidad mientras esté en el cargo.
A su turno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, declaró a la prensa este martes 7 de junio que "esos señalamientos son a nivel de indicios" porque "no hay un solo elemento de prueba que vincule al presidente hasta la fecha".
Chero remarcó que la defensa del presidente y la estrategia que tienen sus abogados "es la que está en este momento realizando las acciones correspondientes".
Poder Judicial
Como parte de este caso, el Poder Judicial dictó este sábado 4 de junio 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. Asimismo, y una medida similar, aunque por 9 meses, contra los actuales congresistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza.
La decisión se conoció después de que el pasado viernes 3 de junio se difundió la transcripción de un presunto audio en el que el empresario Zamir Villaverde, quien está preso mientras se le investiga por corrupción, supuestamente le ofrece un soborno a Silva para obtener la licitación para la construcción del puente.
EFE
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