Una turba quemó vivo a un hombre acusado del supuesto robo de un vehículo en una localidad rural de la región boliviana de Potosí, un suceso en el que también resultó herida una mujer sindicada de ser cómplice del fallecido.
El nuevo gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, preveía reunirse en esta jornada con la Policía para obtener más detalles sobre este suceso. Y también recibió un reporte de la fiscal departamental.
"Tiene que investigarse, se tiene que dar con los autores. Hay instituciones que tienen que hacer prevalecer la justicia", dijo Mamani a los medios.
El hecho ocurrió en la víspera en una comunidad del municipio de Pocoata, en el norte de Potosí. Donde el hombre, de 27 años, y la mujer, de 24, quedaron retenidos por más de dos centenares de personas. Quienes les acusaron de haber robado un vehículo, según la prensa local.
A la pareja la llevaron hasta una cancha donde primero fueron golpeados y luego la turba roció con gasolina al hombre y le prendió fuego.
La mujer, que se encontraba "bajo amenaza de linchamiento", quedó herida y con algunas quemaduras antes de que la Policía lograse rescatarla. Con la intermediación de la Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo de la localidad de Llallagua, también potosina.
Condenan ataque
La entidad condenó en un comunicado "los actos de violencia y justicia por mano propia" que derivaron "en la muerte de una persona de sexo masculino. Que sufrió quemaduras" y murió durante su traslado a un centro de salud.
Tras varias horas de diálogo, la institución y los agentes policiales lograron la liberación y rescate de la mujer. A quien entregaron al Ministerio Público, explicó el coordinador defensorial de Llallagua, César Villca, citado en el comunicado.
También explicó que a la mujer la llevaron a un hospital en el municipio de Colquechaca para recibir atención "ante las agresiones físicas sufridas".
Villca recordó que la Constitución boliviana "garantiza el derecho a la vida y que no existe la pena de muerte en el ordenamiento jurídico vigente".
También precisó que la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece la prohibición de la pena de muerte. Y que la justicia por mano propia no es característica de un Estado de Derecho, según el comunicado
La Defensoría exhortó a la Fiscalía Departamental y la Policía a investigar con "celeridad" lo ocurrido "para establecer responsabilidades y esclarecer estos hechos".
Los casos de linchamientos son relativamente habituales en el área rural y algunos barrios periurbanos de Bolivia.
En ocasiones, quienes cometen los linchamientos se justifican por la "justicia comunitaria", reconocida en la Constitución boliviana de 2009. Pero las autoridades han explicado de forma reiterada que ese sistema judicial no admite castigos brutales ni la pena de muerte.
Las autoridades nacionales y organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, han mostrado su preocupación por estos actos que la Policía no ha logrado frenar. Ya que muchos tienen lugar en zonas en las que apenas hay agentes que puedan enfrentarse a las turbas.
EFE
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