Una mujer acusada en España de abuso y agresión sexuales, coacciones, trata de seres humanos y explotación laboral de siete mujeres latinoamericanas ha aceptado cumplir nueve años de cárcel para evitar el juicio, en el que la Fiscalía iba a pedir 37 años de prisión para ella.
Los términos del acuerdo de conformidad entre las partes implican que la acusada cumplirá un año por cada uno de los cinco delitos de abuso sexual; cinco meses por el de agresión sexual; tres meses por el de coacciones; tres años por el de trata; y cuatro meses por otro contra los derechos de los trabajadores.
Según informó este lunes el Tribunal Superior de la región de Galicia (noroeste), la procesada pagará una multa de 180 euros (214 dólares). Por el delito leve de maltrato y, en concepto de responsabilidad civil, abonará una indemnización a cada una de las víctimas de los cinco delitos de abuso sexual de mil euros (1.190 dólares) y de 6.000 euros para las otras dos (7.140 dólares).
Mujeres con necesidades económicas
Entre marzo y octubre de 2019, la acusada y su pareja sentimental consiguieron captar la atención de al menos siete mujeres procedentes de Nicaragua, Guatemala y Colombia con anuncios en internet.
Todas ellas eran mujeres con gran necesidad económica, vulnerables, sin arraigo ni apoyos en España, a las que la pareja atrajo con el pretexto de ofrecerles trabajo doméstico en su casa.
Pero una vez en la vivienda, creaban un clima de temor y angustia para doblegar la voluntad de estas mujeres hispanoamericanas, cometer contra ellas actos de naturaleza sexual, así como imponerles condiciones de trabajo que atentaban contra los derechos laborales y la libertad.
La condenada y su pareja, que murió al arrojarse por la ventana durante el registro policial de la vivienda, engañaban a las mujeres para que se dejasen auscultar por el hombre, que decía ser médico, y someterlas a vejaciones sexuales.
Algunas de las víctimas eran obligadas a realizar las labores domésticas o a comer semidesnudas o a ducharse en presencia de la acusada o su pareja.
Al menos dos de las víctimas sufren secuelas de trastorno de estrés postraumático de carácter moderado, han precisado atención psicológica y necesitarán seguimiento facultativo y tratamiento farmacológico.
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