La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción en Venezuela (Fedecámaras) y la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), redactaron sus propuestas en cuanto a la Ley de Protección de Pensiones que va a segunda discusión en la Asamblea Nacional.
“La alícuota debería ser establecida por la Ley conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en otras leyes nacionales; y no debe ser superior al 6 %", indica un documento al que accedió El Pitazo.
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"La justificación de ello es que la alícuota debe ser entre moderada y baja, pues este tributo no puede ser equivalente al efecto que sería tener una nómina adicional inexistente, equivalente al porcentaje establecido como alícuota, porque una situación así no es sostenible para ninguna empresa privada”.
Los empresarios argumentan que, en una economía con una caída importante del PIB, se dificulta que, bajo el esquema de ley planteado, las empresas que operan formalmente asuman cargas adicionales.
Con información de El Pitazo
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