El ministro venezolano de Petróleo y presidente de la estatal PDVSA, Pedro Tellechea, denunció ante la comunidad internacional la política de “agresión sostenida por el gobierno de EEUU”, que afecta el desarrollo de la industria petrolera nacional y sus filiales en el extranjero.
Por medio de un comunicado que publicó en Twitter, Tellechea señala que las medidas del gobierno estadounidense sin “unilaterales e ilegales". Consideró que estas acciones “han traído como resultado la pérdida de valor de los activos de PDVSA y el de sus filiales en el extranjero”.
De igual manera, el ministro de Petróleo asegura que EEUU imposibilita a PDVSA para “generar acuerdos que permitan el normal desarrollo del crecimiento de la compañía, limitando su capacidad de pago, entre otros efectos perniciosos”.
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“Estas acciones inaceptables del gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos extremistas de la política venezolana, han conducido al saqueo y destrucción de activos de PDVSA y sus filiales, generando, además, un perjuicio económico y social para el pueblo venezolano”, continúa.
En ese documento, la petrolera advierte que en el contexto de la Licencia General 42 emitida en fecha 1 de mayo de 2023 por la OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU, “todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a PDVSA es nulo e ilegal bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Derecho Internacional". Lo mismo pasa con las decisiones que tomen entidades internacionales, añade.
Acciones de estados unidos afectan a PDVSA
El presidente de PDVSA destaca que la estatal venezolana en su conjunto, rechaza categóricamente y desconoce completamente la “fraudulenta enajenación de la participación accionaria de PDVH en CITGO”. Señala que la misma se realizó a través de un ilegal procedimiento de venta, a merced de los intereses del gobierno norteamericano en el caso Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela; que se realizó ante el Tribunal del Distrito de Delaware, en los Estados Unidos de América, sin la intervención de los representantes legítimos de la Republica, o de las entidades PDVSA, PDVH o CITGO.
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Tal procedimiento incumplió con las “normas básicas de Derecho Internacional” y desvió “la justicia norteamericana a la satisfacción de intereses económicos de ciertos grupos políticos”, manifiesta.
Finalmente, el comunicado señala que “PDVSA ha defendido y continuará defendiendo sus derechos del expolio que el gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos de la extrema derecha venezolana, intenta contra la principal industria del país”.
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