Con el objetivo de optimizar los procesos de los órganos del Sistema de Justicia contra la delincuencia organizada trasnacional, se realizó la validación del protocolo de actuación para la investigación del delito de trata de personas, dirigido a las funcionarias y funcionarios adscritos a los órganos de seguridad ciudadana y del Estado, con competencia en la materia.
"Esta actividad política y pública demuestra el talante humanista y socialista del Gobierno Bolivariano, lo cual permitirá un mayor rango de acción entre los articuladores de la administración de justicia en el país y, en especial, atender este delito que atenta contra la persona misma”, expresó el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, Danny Sandrea Ferrer, según se reporta en NDP.
Fortalecen acciones contra la delincuencia organizada trasnacional
En este sentido, detalló que esta acción permitirá al Ministerio Público, que ordena y dirige la investigación penal, contar con las herramientas necesarias para el esclarecimiento de este hecho punible y sus delitos conexos.
Vale resaltar que este instrumento jurídico, evaluado durante seis meses por un equipo multidisciplinario, permitirá el desarrollo de las garantías constitucionales, la atención integral a la víctima, así como un tratamiento inclusivo, la plena garantía de los Derechos Humanos, la ejecución y desarrollo de buenas prácticas policiales y, de manera especial, evitar la revictimización.
Justicia al alcance del pueblo
De igual forma, el diputado de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Joel Cedeño, reiteró que este instrumento jurídico forma parte de la fusión cívico militar policial, y de los principios humanistas y especialmente desde la doctrina bolivariana. Se unen la praxis y la sabiduría, rompiendo las barreras al perseguir un solo objetivo: garantizar la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano”.
Cabe destacar que este delito, tipificado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft), se define como la promoción, ejecución de la captación, transporte o recepción de personas ante amenaza o engaños, para la realización de actividades como mendicidad, trabajos forzados, esclavitud, explotación sexual o tráfico de órganos. Por esta acción antijurídica la pena está contemplada entre 20 a 30 años de prisión.
Este acto contó con la participación de autoridades e integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público (MP), la Defensoría del Pueblo (DdP), la Defensa Pública (DP), la Dirección General de Policía Internacional (Interpol), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
NDP
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