El Ejecutivo Nacional solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este 31 de octubre retirar la nacionalidad venezolana al ciudadano Yon Goicochea.
A través de las redes sociales del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz se compartieron los detalles en un comunicado.
Ejecutivo pide al TSJ retirar la nacionalidad venezolana a Yon Goicochea
De acuerdo con el escrito, la acción se ejecuta debido a que el dirigente incumple el deber constitucional de "honrar la Patria, proteger la soberanía y resguardar la integridad territorial".
"El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de acuerdo con la decisión del Gobierno Revolucionario, liderado por el Presidente Nicolás Maduro Moros, y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, así como del deber de todo venezolano y venezolana de honrar la Patria, proteger la soberanía y resguardar la integridad territorial, consagrado en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, solicita al Tribunal Supremo de Justicia el retiro de la nacionalidad venezolana al ciudadano Yon Goicochea", se lee en el texto que acompaña el comunicado.
"Esta acción se formula en razón del llamado público (...) a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela, perseguir y exterminar funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el asesinato masivo de venezolanos (...) que hacen parte de los movimientos y organizaciones del Poder Popular", aclara el escrito.
Se debe recordar que, el pasado 24 de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que busca la revocatoria de la nacionalidad venezolana al dirigente político Leopoldo López.
El mandatario venezolano citó fundamentos constitucionales y legales que apuntan a la defensa de la soberanía e integridad territorial.
La decisión se basó en una serie de acusaciones contra López, que lo señalan por un patrón de conducta calificado como "criminal e ilegal", destacando específicamente la promoción activa de medidas de bloqueo económico contra el país.
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