La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves en segunda discusión y mediante votación unánime la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar que contiene sanciones severas para quienes sean considerados traidores a la patria.
El texto se remitirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de su carácter orgánico, según lo establece el artículo 203 de la Constitución Bolivariana, señaló Jorge Rodríguez, presidente de la AN .
Durante un extenso debate en la plenaria los parlamentarios decidieron ampliar a 23 artículos y dos disposiciones finales el proyecto original que inició con 18, e incluyeron acciones y garantías para castigar a aquellos entes y personas, nacionales o extranjeros, que permitan y faciliten groseras injerencias en la soberanía venezolana.
De qué trata la Ley Simón Bolívar aprobada por la AN
La "Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, incluye también una inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos delitos, lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
Además, la ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al país.
Asimismo, tampoco podrán participar en contiendas electorales quienes hayan "promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución" de "acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos" contra el país, sus instituciones o autoridades. Para ellos se consideran penas idénticas de hasta 30 años.
También contempla la extinción de dominio, o confiscación de los bienes a quienes han pedido invasiones de otros países y medidas restrictivas unilaterales contra la nación.
Para los medios de comunicación social también hay sanciones muy fuertes en caso de alguna transgresión.
“Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela”.
Este nuevo marco legal también define como "acciones que ponen en riesgo la soberanía" el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que "simulen" representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos gobiernos.
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