Mediante un informe presentado a través de una videoconferencia de la plataforma Zoom, la Organización No Gubernamental Espacio Público destacó su investigación: "Sin acceso a información pública. Bloqueos en Twitter desde las cuentas de funcionarios públicos", un trabajo especializado que desnuda las estructuras virtuales que imparten censura, y de las que poco se hablan.
Marysabel Rodríguez, coordinadora del Programa Observatorio de Libertad de Expresión fue la encargada la mañana de este miércoles 14 de septiembre de desarrollar todos los códigos reales que se evidencian al menos con mayor ahínco en el microblogging Twitter.
"Las redes sociales virtuales constituyen hoy uno de los ejes más importantes del debate público, ya que su estructura facilita el intercambio de información e ideas…
Por lo que se usan también para denunciar irregularidades, debatir, buscar soluciones a problemas sociales, criticar acuerdos o acciones estatales que se consideran injustas y hasta ilícitas", detalla el informe en sus primeras líneas.
En consecuencia, narra además: Estos poderosos mecanismos de intercambio le brindan a la ciudadanía la oportunidad de sostener un diálogo directo con actores políticos, funcionarios y organismos gubernamentales que los representan.
Punto de ascenso en Espacio Público
Rodríguez argumenta que se observan restricciones a la libre expresión en internet, pero fue en 2014 el primer año que registró una escalada en la cantidad de personas.
Hombres y mujeres detenidos por hacer uso de la plataforma Twitter para criticar u objetar las acciones del gobierno, año que coincidió con un contexto de alta conflictividad social y política.
"Esto representa una vía de riesgo para todo aquel que cuestione cualquier decisión gubernamental. Estas acciones, que se desprenden por opinar o criticar a través del mundo digital", indican.
En el periodo descrito líneas arriba, los contenidos publicados por las personas que fueron detenidas estuvieron relacionados con opiniones sobre temas políticos…
Y la crisis nacional en sus diferentes tópicos, predicciones astrológicas, difusión de información pública, o casos de corrupción; según se desprende del informe que revela Espacio Público.
"La mayoría de las personas (periodistas y defensores bloqueados) argumentan que los motivos radican en: por opinar sobre temas de interés público, desempeño de los funcionarios, gestión pública o por compartir información", apunta Marysabel Rodríguez desde su exposición
En 2021 se registraron 100 casos
Del total de casos de detenciones y bloqueos contabilizados entre 2018 y 2021, casi un cuarto; corresponden a restricciones en internet.
"La cantidad se elevó en el año 2021, cuando se registraron más de 100 casos, lo que equivale al 42,62% del total documentado en materia de libertad de expresión, incluidas las vulneraciones fuera de línea", puede leerse en el documento.
La reciente “Ley Antibloqueo” y la “Ley contra el odio” amparan acciones que incumplen las obligaciones nacionales e internacionales respecto a la libertad de expresión y acceso a la información pública.
"Solo en 2021 registramos 17 casos de «incitación al odio» o invocación de la ley contra el odio, esto sumó al menos 13 detenciones arbitrarias", resaltan
Este contexto sugiere que para evitar el cuestionamiento mediático, algunos funcionarios públicos en Venezuela deciden bloquear desde sus cuentas en Twitter:
A periodistas, ciudadanos, comunicadores y organizaciones.
Esto refiere la ONG, como parte de un patrón para silenciar críticas y reducir la transparencia.
Lo que en definitiva busca cerrar un mecanismo de debate, intercambio y participación. Una práctica que se aleja de principios auténticamente democráticos.
Así, las instituciones, funcionarias y funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar la posibilidad de buscar, recibir y difundir información.
Esto, a través de cualquier mecanismo de comunicación que usen para dar a conocer asuntos de interés público, sea formal o informal, lo que incluye Twitter.
Con lo antes expuesto, existe la posibilidad de que funcionarios o instituciones públicas impidan el acceso a sus cuentas a través de bloqueos selectivos de usuarios.
Lo que al materializarse constituye entonces una violación del derecho a la información.
Para acceder al informe completo, visita en siguente enlace de la ONG:
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