La información personal, incluyendo las direcciones de domicilio, de los 79 millones de inscritos en Medicaid ya no podrá ser compartida con funcionarios de deportación.
La orden fue emitida por un juez federal al Departamento de Salud, para que cesara el acceso a dicha información.
En junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), por primera vez, entregó los datos personales de millones de inscritos en Medicaid en varios estados.
Tras un artículo de The Associated Press que reveló la nueva política, 20 estados presentaron una demanda para detenerla.
En julio, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid firmaron un nuevo acuerdo que le dio al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acceso diario a los datos personales —incluyendo números de Seguro Social y direcciones de domicilio— de los 79 millones de inscritos en Medicaid del país. Ninguno de estos acuerdos fue anunciado al público.
La divulgación de estos datos personales de salud a funcionarios de deportación, en medio de una amplia represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, provocó de inmediato una demanda legal por preocupaciones de privacidad.
Intercambio de datos entre Medicaid y el ICE es parte de las políticas migratorias de Trump
El gobierno de Trump implementó una estrategia para darle al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) más datos sobre migrantes, y el intercambio de datos de Medicaid forma parte de este plan.
Un ejemplo previo de esta iniciativa ocurrió en mayo, cuando un juez federal se negó a impedir que el Servicio Interno de Impuestos (IRS) compartiera datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El objetivo era que los agentes usaran esta información para localizar y detener a personas que viven en el país sin estatus legal, reseña Spectrum Noticias.
El juez federal Vince Chhabria en California emitió una orden que temporalmente le prohíbe al Departamento de Salud seguir compartiendo los datos personales de las personas inscritas en Medicaid en 20 estados, entre los que se encuentran California, Arizona, Washington y Nueva York.
“Usar datos de CMS para la aplicación de la ley de inmigración amenaza con interrumpir significativamente el funcionamiento de Medicaid, un programa que el Congreso ha considerado crítico para la provisión de cobertura de salud a los residentes más vulnerables del país”, detalló Chhabria en su decisión.
El juez Vince Chhabria, quien fue designado por el presidente Barack Obama, afirmó que su orden se mantendrá vigente hasta que el Departamento de Salud presente una "toma de decisiones razonada" que justifique su nueva política de compartir datos con funcionarios de deportación.
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