La actual Administración de Donald Trump en Estados Unidos (EEUU) ha convertido la aplicación de medidas proinmigrantes y antiinmigrantes en una constante batalla legal, entre demandas, contrademandas y apelaciones, muchos temas migratorios tienen diferentes resultados en el tiempo, descubra cuál es el nuevo fallo que se ha revelado.
Resulta que, en esta oportunidad, una jueza federal en la capital de EEUU ha bloqueado temporalmente las políticas del gobierno de Donald Trump que limitan el acceso de los miembros del Congreso a las instalaciones de detención de inmigrantes.
Más específicamente, un tribunal federal suspendió temporalmente la política de la administración Trump-Vance que impedía a los miembros del Congreso realizar visitas de supervisión sin previo aviso a los centros federales de detención migratoria.
La jueza de distrito, Jia Cobb, dictaminó que, presumiblemente, es ilegal que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) exija un aviso de una semana a los miembros del Congreso que quieran visitar y observar las condiciones en sus instalaciones.
Contexto de la demanda a la que responde el nuevo fallo + Reacción
Recordemos que, en julio pasado, un grupo de 12 congresistas demócratas, en su mayoría latinos, interpuso una demanda contra la Administración Trump por impedir el acceso a los centros de detención del ICE.
Los demandantes alegan que la agencia está violando la legislación que concede a los miembros del Congreso el derecho a acceder a las instalaciones, sobre las que pesan numerosas denuncias de mantener a los detenidos bajo condiciones inhumanas, hacinados, sin acceso al exterior y con deficientes servicios de alimentación e higiene.
Por su parte, los abogados del gobierno argumentaron que los demandantes no tienen personalidad jurídica para presentar la querella.
También dijeron que es meramente especulativo que los legisladores se preocupen de que las condiciones en las instalaciones del ICE cambien en el transcurso de una semana.
Lo cual fue rechazado por Cobb:
Ahora, la decisión restablece la capacidad del Congreso para supervisar en tiempo real cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE detiene a personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, y gasta miles de millones de dólares de los contribuyentes, informó en un comunicado la organización Democracy Forward.
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