Esta semana, el gobernador de California Gavin Newsom, aprobó un proyecto de ley que le otorga a los inquilinos el doble de tiempo para responder a los avisos de desalojo y ayudarlos a no perder sus hogares.
La poca asistencia legal y las circunstancias adversas que enfrentan muchos inquilinos han llevado a la aprobación de una nueva ley, que duplica el tiempo para responder a las notificaciones de desalojo.
Con el Proyecto de Ley 2347, se busca otorgar a los arrendatarios un margen de maniobra adicional para buscar soluciones y evitar ser desalojados injustamente.
Esta legislación establece que los propietarios deben notificar a los inquilinos de un desalojo mediante un aviso formal. Sin embargo, el proceso puede ser muy complicado para los inquilinos.
El formulario de respuesta, lleno de términos legales complicados, obliga a los inquilinos a identificar con precisión las razones por las que no están de acuerdo con el desalojo. Dada la complejidad de este documento, muchos inquilinos se ven obligados a buscar asesoría legal.
“Si pensamos en las personas que viven en desiertos de asistencia jurídica, es posible que les lleve cinco días enteros tan solo entrar por la puerta y obtener esa ayuda”, comentó Lorraine López, abogada principal del Centro Occidental sobre Derecho y Pobreza.
“O tienen que recorrer 64 o 80 kilómetros hasta el juzgado más cercano para intentar llegar antes de las 5 de la tarde y presentar esa documentación”, agregó López, patrocinante del proyecto de ley.
La abogada señaló que otros factores, como las dificultades para comunicarse en inglés, la falta de transporte y los horarios laborales, pueden impedir que los inquilinos respondan a tiempo a las notificaciones de desalojo.
Estos obstáculos, junto con la complejidad de los formularios legales, contribuyen a que muchos inquilinos pierdan sus casos por defecto.
¿Cuándo entra en vigor la ley en California?
Esta nueva legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2025.
Cabe destacar que, aunque la Asociación de Apartamentos de California, el principal grupo de presión de propietarios del estado, no expresó oposición abierta a la nueva ley, algunos grupos locales de propietarios han manifestado su desacuerdo.
Argumentan que cualquier demora en los procesos de desalojo podría generar una acumulación de rentas impagas, lo que, a su juicio, terminaría repercutiendo en los nuevos inquilinos a través de aumentos en los alquileres.
“Cada vez que se alarga el proceso, se generan más pérdidas para los propietarios”, dijo Daniel Bornstein, un abogado de bienes raíces de San Francisco, que representa a los propietarios.
Aunque el plazo de cinco días pueda parecer corto, puntualizó que esto es solo una pequeña parte de un proceso de desalojo que suele extenderse por varios meses.
Por lo general, este proceso no comienza hasta que los inquilinos acumulan varios meses de renta atrasada.
Con información de The San Diego Union-Tribune