Los algoritmos que influyen silenciosamente en los precios de bienes y servicios en internet quedaron en la mira del gobierno de California, que decidió intervenir para frenar prácticas que, según legisladores y autoridades estatales, afectan la competencia y elevan los costos para consumidores y pequeños negocios.
El avance acelerado de herramientas de inteligencia artificial en actividades económicas motivó nuevas reglas dirigidas a transparentar la fijación de precios y evitar coordinaciones encubiertas entre empresas.
La ley AB 325 busca frenar la manipulación digital de precios
El gobernador Gavin Newsom firmó el 6 de octubre la AB 325, una legislación diseñada para impedir que plataformas tecnológicas presionen a comercios independientes a utilizar algoritmos de precios compartidos.
La autora del proyecto, la asambleísta Cecilia Aguilar-Curry, explicó a CalMatters que su objetivo es impedir que sistemas digitales se conviertan en metodologías automatizadas que encarezcan bienes esenciales.
La senadora Melissa Hurtado reforzó esa idea al advertir que “hoy basta con usar un algoritmo” para replicar mecanismos de coordinación comercial sin necesidad de reuniones entre compañías.
Para Aguilar-Curry, estos sistemas “desempeñan un papel importante en la crisis de asequibilidad de California”, por lo que la norma busca frenar tendencias que afectan a millones de consumidores.
El proyecto recibió apoyo del fiscal general Rob Bonta, sindicatos y la Federación de Consumidores de California.
También del abogado Lee Hepner, del American Economic Liberties Project, quien afirmó que “cuando las plataformas centralizadas fijan los precios, perdemos la competencia que los hace bajar”.
La norma redefine la supervisión estatal del comercio digital
La nueva regulación modifica elementos clave de la Ley Cartwright, lo que facilita las denuncias contra posibles conspiraciones comerciales.
Desde ahora, basta demostrar la plausibilidad de un acuerdo anticompetitivo para que el Estado intervenga, eliminando barreras legales que antes frenaban la acción del Departamento de Justicia.
Además, la ley prohíbe explícitamente usar o distribuir algoritmos de precios comunes cuando influyan en costos o condiciones comerciales dentro del estado.
La definición abarca desde herramientas que usan datos de competidores para sugerir precios hasta servicios ofrecidos por suscripción o licencia, ampliando la capacidad de fiscalización estatal y estableciendo límites concretos al uso de IA en la formación de precios.
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