En un momento de gran tensión legal y política en Estados Unidos (EEUU), cuando el cierre de gobierno (Shutdown) aún permanece activo, el presidente Donald Trump, afirma que dará dinero a todos, o casi todos, los ciudadanos, conozca los detalles sobre la entrega de un próximo cheque de estímulo.
Vale la pena destacar que, aunque la promesa de recibir este bono o "dividendo arancelario" no es nueva, el anuncio oficial no se ha producido hasta este domingo 9 de noviembre.
Resulta que Trump utilizó su plataforma Truth Social para reiterar su propuesta y, por primera vez, especificar el monto del posible pago.
Estos son los puntos clave del anuncio:
- La promesa: Un dividendo de al menos $2.000 por persona, sin incluir a las personas con altos ingresos, será pagado a todo el mundo
- Origen de los fondos: los ingresos generados por los aranceles, es decir, los impuestos a las importaciones, que la administración está imponiendo a productos de países de todo el mundo.
- La razón: Trump señala que la política de aranceles está generando "billones de dólares" para el gobierno, está impulsando una inversión récord en el país (con nuevas plantas y fábricas) y pronto permitirá pagar la enorme deuda nacional.
- No hay fecha determinada: Trump asegura que los planes de pensiones 401k "están en su nivel más alto", y que “pronto” se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes.
Asegura que actualmente hay "una inversión récord en EEUU, con plantas y fábricas surgiendo por todas partes".
Sin embargo, aún no se han publicado detalles sobre cómo se definiría el límite de "altos ingresos" que excluiría a ciertos contribuyentes, lo que necesitaría ser codificado en la ley.
Una promesa que podría ser incierta
De hecho, llama la atención que la declaración se hizo pocos días después de que la Corte Suprema de EEUU escuchara argumentos orales en un caso crucial que cuestiona la legalidad y la autoridad presidencial para imponer aranceles de forma tan generalizada.
En donde los jueces se mostraron escépticos sobre el uso de una ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA de 1977) para imponer gravámenes amplios que, en su impresión, actúan más como un impuesto para recaudar ingresos que como un mecanismo para resolver un desequilibrio comercial.
Lo que anularía la fuente de ingresos establecida para el bono prometido.
Es decir, el desembolso y depende de una acción legislativa, requiere un resultado positivo para la administración de un importante desafío legal en el Tribunal Supremo.
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