El regreso de Trump a la Casa Blanca ha estado marcado por lo que los especialistas llaman “crimigración”, un proceso que implica integrar la legislación migratoria con la legislación penal, explica Lady Junek Vargas León, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en migraciones.
“Ahora, cualquier persona migrante puede ser tratada como criminal, sin importar su estatus legal. Se amplió el uso de antecedentes penales como causa de deportación, incluso para residentes legales”, dice Vargas.
“Además, cruzar la frontera sin documentos, que antes era una falta civil, ahora se criminaliza cada vez más, especialmente a personas racializadas. Lo más grave es que bajo esta lógica, todos los inmigrantes son sospechosos, solo por su estatus o nacionalidad”, agrega.
Aunque hasta ahora los intentos de revocar el estatus de miles de inmigrantes han sido detenidos por los tribunales o se encuentran en medio de disputas legales, muchos venezolanos, algunos con el TPS, por ejemplo, viven con miedo de ser objeto de detenciones o deportaciones.
Deportaciones de venezolanos
El 16 de marzo, Estados Unidos deportó a El Salvador a 238 venezolanos a quienes señaló de ser miembros del Tren de Aragua, pero hasta el momento no ha presentado pruebas que lo demuestren.
Fueron enviados por el Gobierno de Nayib Bukele al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como parte de un acuerdo vigente con Washington.
El Gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones pese a un fallo judicial que detuvo la medida.
Leticia Calderón, doctora en Ciencias Políticas y especialista en procesos migratorios, explica que la criminalización de los inmigrantes ha sustentado desde hace muchos años la política migratoria de Estados Unidos.
“Es una cuestión casi del origen de Estados Unidos asociar lo ilegal con lo criminal. Cuando ellos hablan de inmigración ilegal, automáticamente la mentalidad de los estadounidenses es que es un acto criminal”, dice Calderón.
La especialista dice que es muy difícil que ese argumento se pueda cambiar porque se ha construido a lo largo de mucho tiempo. Se consolidó con las políticas migratorias de 1996 que establecieron el término “illegal alien”, redefiniendo lo que significa estar sin autorización en el país.
“De forma que la criminalidad y la condición de no autorizado se consideran con demasiada frecuencia sinónimos”, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York (CMS, por sus siglas en inglés).
“Que ellos no digan incluso indocumentado no es nada más de léxico, no es nada más de un prurito de cómo se menciona, sino tiene una connotación de asociarlo a lo criminal y por tanto, pues tener la razón en el sentido de que, ojo, cualquiera lo es”, dice Calderón.
Incluso, los hijos de inmigrantes indocumentados que obtuvieron la ciudadanía por derecho de nacimiento. A partir de un decreto, que firmó el primer día de su mandato, Trump quiere acabar con este derecho constitucional que lleva casi 160 años otorgando la nacionalidad a quienes nacen en territorio estadounidense.
“Ni es un debate cerrado, ni es retroactivo”, es decir, aquellos que ya la obtuvieron no la perderían pero si llegara a implementarse los recién nacidos ya no tendrían este derecho, explica Calderón.
Este caso también ha llegado hasta la Corte Suprema que acordó recientemente escuchar los argumentos orales sobre la solicitud del presidente para hacer cumplir su plan de terminar con la ciudadanía por nacimiento para casi todas las personas.
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