La Salida Forzosa Diferida (DED) es una política migratoria que permite a ciertos grupos de inmigrantes permanecer en los Estados Unidos sin riesgo de deportación por un tiempo limitado.
Esta medida, frecuentemente implementada por motivos humanitarios o de seguridad nacional, es otorgada directamente por el presidente de Estados Unidos y busca brindar protección a quienes se encuentran en situaciones vulnerables, reseña la web de USCIS.
Entre las características de la DED se destaca la protección temporal que ofrece a los beneficiarios, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en el país durante el período de vigencia de la medida.
Sin embargo, no todos los inmigrantes son elegibles, ya que los criterios de selección pueden variar según la situación política o humanitaria del país de origen.
La DED puede ser renovada o extendida, aunque su continuidad depende de decisiones gubernamentales y de las condiciones que prevalezcan en el país de origen.
Es importante señalar que la DED no otorga un estatus migratorio permanente ni un camino directo hacia la residencia legal, lo que la convierte en una solución temporal para aquellos que enfrentan crisis humanitarias, como algunos inmigrantes venezolanos.
La solicitud de una congresista
La congresista María Elvira Salazar, de Florida, solicitó a Trump aplicar el DED a venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que ingresaron legalmente a Estados Unidos mediante el parole humanitario, el cual ha sido eliminado recientemente.
En una carta dirigida al presidente, Salazar argumenta que el DED podría ser una solución efectiva para garantizar la verificación adecuada de estos inmigrantes, al tiempo que se mantiene el compromiso de Estados Unidos de proteger a quienes huyen de la persecución, reseña El Nuevo Herald.
La administración de Trump anunció a principios de abril la eliminación del parole humanitario, que afectará a aproximadamente 531,000 personas de estos países, quienes habían sido admitidos bajo un patrocinador responsable de su apoyo financiero.
El programa DED permitiría evaluar a los beneficiarios del parole humanitario caso por caso, asegurando que aquellos con antecedentes penales o vínculos con regímenes opresivos puedan ser deportados.
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