Los reguladores de California han puesto a Tesla contra las cuerdas al amenazar con suspender su licencia para vender autos eléctricos a principios de 2026.
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de ese estado tomó esta determinación tras una resolución de la jueza Juliet Cox, quien concluyó que la compañía dirigida por Elon Musk ha engañado a los consumidores durante años.
El fallo se centra en el uso de términos como "Piloto automático" y "Conducción autónoma total", etiquetas que, según la magistrada, otorgan una falsa sensación de seguridad sobre una tecnología que aún requiere la atención total de un conductor humano.
¿Cuál es la sanción?
La sanción propuesta contempla una suspensión de 30 días en las ventas dentro de California, el mercado más importante para la marca en Estados Unidos.
Aunque la jueza también recomendó pausar la licencia de fabricación en la planta de Fremont, los reguladores han optado por centrar el castigo en el área comercial.
Tesla dispone ahora de un plazo de 90 días para reformular sus tácticas de marketing y aclarar los límites reales de su software si desea evitar el cierre temporal de sus concesionarios.
Este choque regulatorio ocurre en un momento crítico para la empresa de Austin, Texas. Las ventas de Tesla han caído un 9% en lo que va de 2024 y 2025, golpeadas por una competencia cada vez más agresiva y el desgaste de la imagen pública de Musk tras su polémico paso por la administración de Donald Trump.
Sube el valor de las acciones
A pesar de este retroceso en las entregas físicas, el valor de las acciones alcanzó un máximo histórico de 495,28 dólares esta semana, impulsado por las promesas de una futura flota de robotaxis y avances en inteligencia artificial.
Sin embargo, el historial de seguridad de la marca sigue bajo escrutinio judicial. Recientemente, un jurado en Miami declaró a Tesla parcialmente responsable de un accidente mortal, ordenando el pago de 240 millones de dólares.
Mientras la compañía asegura que la decisión del DMV es una "exageración regulatoria", el estado exige transparencia inmediata para proteger a los conductores en las carreteras.
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