La Casa Blanca impulsa una transformación sin precedentes del sistema de detención migratoria para dar soporte a su campaña de deportaciones. Antiguos depósitos industriales y prisiones en desuso se convierten ahora en los pilares logísticos de una estrategia que busca duplicar la capacidad de custodia. Esta movilización de recursos federales genera un clima de alta tensión en comunidades que temen la llegada de operativos de seguridad a sus vecindarios.
El Gobierno de Trump destina $45.000 millones para detener a inmigrantes en almacenes y antiguas cárceles gracias a una reciente ley de recorte de impuestos. Esta inversión masiva busca ampliar la red de centros de detención que ya suma 212 instalaciones repartidas en 47 estados de la nación. Solo en el último mes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) concretó la compra de tres almacenes en Maryland, Pennsylvania y Arizona por $256 millones.
¿Cómo reaccionan las ciudades ante el plan de Trump?
Alcaldes de ciudades como Salt Lake City y Oklahoma City anunciaron que los propietarios locales no alquilarán sus instalaciones para fines de detención. En Kansas City, el concejo municipal votó una moratoria de cinco años para bloquear centros privados, tras la inspección de un almacén de un millón de pies cuadrados. "Cuando el poder federal pone a las comunidades en una situación delicada, el gobierno local debe actuar", declaró el legislador del condado, Manny Abarca.
Según ICE, existe la legalidad y necesidad de estos nuevos espacios. A finales de diciembre, la agencia reportó 70.000 inmigrantes bajo custodia, una cifra que casi duplica los 40.000 registrados al inicio del mandato actual. "No debería sorprender que ICE realice detenciones en todos los estados y trabaje activamente para ampliar su espacio", afirmó la entidad en un comunicado oficial.
¿Qué obstáculos legales enfrenta la medida?
Legislaturas en California y Nuevo México impulsan proyectos de ley para expulsar a empresas privadas de detención mediante impuestos del 50% a sus ingresos. Sin embargo, expertos legales como Danielle Jefferis señalan que los tribunales federales suelen invalidar estas normativas locales por interferir con mandatos federales. En Orlando, la fiscalía municipal advirtió que ICE posee inmunidad ante cualquier regulación de zonificación local que intente frenar la apertura de un centro.
La controversia aumenta tras las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti en operativos ocurridos en el estado de Minnesota recientemente. Residentes de Virginia, como Kimberly Matthews, expresaron su temor de que los tiroteos fatales se repitan en sus propios patios traseros si ICE llega. Representantes demócratas como Sarah Silva afirman que sus electores consideran estas instalaciones una carga moral y social que no desean financiar.
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