El gobernador Ron DeSantis firma nuevas leyes en Florida que prometen cambios significativos en dos áreas: la investigación criminal y la regulación de condominios.
Según una publicación de El Tiempo, estas reformas buscan modernizar procesos y responder a necesidades urgentes de la ciudadanía.
Una de las normativas más destacadas establece un programa de subvenciones para agilizar los análisis forenses de ADN en casos penales. Este giro en la estrategia estatal combatirá el crimen de manera más eficiente, al permitir que agencias policiales accedan a fondos para enviar pruebas a laboratorios privados acreditados.
¿Cómo agilizará la ley de ADN las investigaciones criminales?
La nueva ley de ADN, denominada "Expedited DNA Testing Grant Program", operará bajo el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).
Este programa permitirá que las agencias policiales accedan a fondos estatales para enviar pruebas a laboratorios privados, siempre que estos cumplan con rigurosos estándares de acreditación.
Los laboratorios deberán contar con al menos cinco años de certificación bajo normas internacionales ISO/IEC 17025:2017 y ajustarse a los protocolos de calidad del FBI.
La ley autoriza el uso de estos recursos privados en dos escenarios específicos: cuando los laboratorios estatales carecen de tecnología necesaria o cuando la urgencia de la investigación compromete el avance de un caso.
Además, cada agencia beneficiada deberá presentar un informe detallado al FDLE sobre el monto recibido, número de casos analizados, laboratorio contratado, tecnología empleada y tiempos de respuesta, buscando evitar malos usos del sistema.
¿Qué cambios trae la ley de condominios tras la tragedia de Surfside?
Por otro lado, el gobernador Ron DeSantis firma nuevas leyes que también incluyen la promulgación de la HB 913, una legislación que modifica las normas de seguridad y mantenimiento para los condominios en Florida.
Esta medida surge como una respuesta directa al trágico derrumbe del edificio Champlain Towers South en Surfside en 2021, que cobró la vida de 98 personas.
La nueva legislación busca equilibrar la seguridad estructural con la carga económica de los residentes. Amplía los plazos para las inspecciones, reduce las exigencias de ahorro obligatorio y ofrece alternativas de financiamiento a las asociaciones de propietarios.
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