En el tenso clima migratorio de 2026, una pregunta resuena en los tribunales y en las calles de Estados Unidos: ¿realmente se puede juzgar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando sus disparos quedan grabados en video?
Recientes incidentes, como los tiroteos que involucraron a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, han puesto en el centro de la atención la delgada línea entre el cumplimiento del deber y el abuso de autoridad.
Aunque los videos grabados por transeúntes a menudo contradicen las versiones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el camino hacia una condena se convierte en un laberinto jurídico diseñado para proteger a los funcionarios federales.
El escudo de la "Inmunidad Calificada"
La inmunidad calificada es la principal barrera que impide que un agente de ICE enfrente consecuencias civiles.
Esta doctrina legal protege a los agentes de ser demandados personalmente por daños y perjuicios, a menos que se demuestre que han violado un derecho constitucional que esté "claramente establecido".
De acuerdo con American Immigration Council, los tribunales federales han limitado drásticamente la capacidad de los ciudadanos para demandar a agentes individuales bajo lo que se conoce como la Doctrina Bivens.
En la práctica, esto significa que, aunque un video muestre un uso excesivo de la fuerza, si no hay un caso previo casi idéntico en la misma jurisdicción, el agente generalmente queda libre de responsabilidad financiera personal.
¿Los agentes del ICE pueden enfrentar cargos criminales?
A diferencia de las demandas civiles, la inmunidad no es total cuando se trata de cargos penales.
Timothy Sini, un exfiscal federal que ha sido consultado por medios como ITV News y Yahoo Noticias, explica que los agentes no gozan de inmunidad absoluta frente a procesos criminales si se puede demostrar que actuaron con "desprecio temerario" por la ley.
Para que un fiscal, ya sea estatal o federal, logre una condena, debe cumplir con el estándar de "objetividad razonable" que se estableció en el caso histórico Graham v. Connor.
Este estándar indica que el uso de fuerza letal es legal si un "agente razonable" en la misma situación habría creído que había una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
Factores que determinan la culpabilidad
- Gravedad del delito: ¿Qué motivó la búsqueda de la persona?
- Amenaza inmediata: ¿El sospechoso estaba armado o intentaba usar un vehículo como arma?
- Resistencia activa: ¿El individuo estaba huyendo o atacando directamente al oficial?
El papel de los videos: evidencia vs. narrativa oficial
Los videos se han convertido en el centro de la controversia. En el caso de Renee Good, el gobierno argumentó que el agente disparó en defensa propia porque ella intentó atropellarlo.
Sin embargo, videos verificados por agencias como Reuters y compartidos por Univision han puesto en tela de juicio esta versión, mostrando ángulos que sugieren que el peligro no era tan inminente como se decía.
A pesar de que el Instituto Cato señala que grabar a agentes de ICE en espacios públicos es un derecho protegido por la Primera Enmienda, la administración actual ha intentado clasificar estas grabaciones como actos de obstrucción.
