La administración Trump planifica reactivar el Título 42, una política que permite a los funcionarios de inmigración expulsar rápidamente a inmigrantes, bajo el argumento de propagar enfermedades como la tuberculosis.
Según documentos internos obtenidos por CBS News, el Título 42 autorizó expulsiones sumarias de migrantes al inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020. La administración Biden mantuvo esta política hasta su expiración en 2023.
La reactivación del Título 42 añadiría una capa más a las estrictas medidas fronterizas implementadas por Trump, permitiendo a los funcionarios deportar a migrantes sin ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo.
La norma que sustenta esta política, conocida como 212(f), permite a los presidentes prohibir la entrada de extranjeros considerados "perjudiciales" para el país.
Los documentos indican que se planea emitir una orden que clasificaría a los inmigrantes no autorizados como riesgos para la salud pública, lo que facultaría a los funcionarios a expulsarlos sin seguir los procesos establecidos en la ley de inmigración.
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sería la encargada de hacer cumplir esta orden, expulsando a migrantes a México o a sus países de origen.
CRUCES ILEGALES HAN DISMINUIDO
Aunque la razón detrás de esta medida es reducir el hacinamiento en centros de detención y la propagación de enfermedades, los cruces ilegales han disminuido significativamente desde la toma de posesión de Trump.
Recientemente, se han registrado menos de 300 cruces ilegales diarios, una caída de más del 90% desde febrero de 2024.
Expertos en salud pública han cuestionado la necesidad de invocar el Título 42, señalando que las tasas de tuberculosis en los países de origen de los inmigrantes no son excepcionalmente altas en comparación con otras naciones.
El plan también podría enfrentar desafíos legales, ya que los jueces federales han determinado que el Título 42 no puede invalidar la ley de asilo de Estados Unidos ni las protecciones para niños no acompañados.
La interacción entre el Título 42 y otras políticas fronterizas, como la proclamación 212(f), sigue siendo incierta, y se anticipan impugnaciones legales por parte de organizaciones como la ACLU.
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