Familias de inmigrantes detenidos afirman que lo pierden todo y que se ahogan en deudas tras las detenciones. Así lo refleja un trabajo especial de El País.
Ariel Figueredo López, un cubano de 35 años, llegó a Estados Unidos en abril del año pasado con un permiso temporal a través del programa CBP One.
Se mudó a Lincoln, Nebraska, para vivir con su hermano y comenzó a trabajar en una empresa de paneles solares.
Con el tiempo, se trasladó a Atlanta, Georgia, donde conoció a su novia, Eliani Rusindo. Luego de mudarse a Florida, la pareja adquirió un vehículo y comenzó a establecerse.
Sin embargo, su situación cambió drásticamente cuando Figueredo fue detenido tras recibir una multa de tránsito en Osceola, Arkansas, debido a un error en su nombre que lo llevó a ser arrestado y amenazado con deportación.
Dificultades
Desde su detención hace más de cinco meses en un centro de detención en Luisiana, Figueredo enfrenta una serie de dificultades.
Aunque los cargos por la multa ya no existen, las autoridades no le permiten salir bajo fianza ni bajo custodia familiar.
Este caso refleja una tendencia más amplia en el país, donde cientos de miles de inmigrantes son detenidos en el marco de las políticas antiinmigrantes del gobierno de Trump.
Estas políticas incluyen deportaciones masivas incluso por infracciones menores y detenciones prolongadas sin cargos graves.
Esto genera consecuencias económicas y sociales significativas para las familias afectadas, que deben afrontar la pérdida de su principal sostén económico.
Estrategias
Las familias, como la de Figueredo, se ven obligadas a idear estrategias para proteger sus bienes y ahorros ante el temor de detenciones o deportaciones.
Muchos comienzan a retirar dinero de sus cuentas bancarias, designar representantes legales y crear listas de contactos de emergencia.
A pesar de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no confisca bienes, la incertidumbre sobre la protección de sus propiedades genera un clima de angustia entre los inmigrantes.
Nayna Gupta, del American Immigration Council, explica que, aunque la ley no permite la confiscación de bienes por una deportación, sí puede haber incautaciones si se vinculan a condenas penales.
La familia de Figueredo enfrenta dificultades financieras significativas desde su detención.
Su hermano y cuñada han pagado miles de dólares a un abogado de inmigración para ayudarlo, mientras que Eliani tiene que regresar a Florida y pide el automóvil que habían adquirido juntos.
Figueredo, cuya audiencia para solicitar asilo está programada para agosto, teme que su regreso a Cuba lo lleve a prisión por su activismo político.
La pareja tiene que lidiar con la pérdida de los bienes que adquirieron con esfuerzo, y la situación ha afectado gravemente su estabilidad financiera y emocional.
Planes
Por su parte, Enrique, un cubano de 40 años que llegó a Estados Unidos en 2021, está viviendo con incertidumbre debido a su estatus migratorio pendiente.
Aunque no ha sido detenido, toma precauciones al preparar poderes notariales para su familia y designar a un amigo como agente para manejar sus bienes en caso de arresto.
Consciente del riesgo que corre, retiró la mayor parte de su dinero del banco, dejando solo lo necesario para cubrir sus gastos.
Enrique expresa su angustia por la posibilidad de ser detenido y perder todo lo que construyó junto a su familia.
Una tendencia
La situación de Enrique refleja una tendencia más amplia entre las comunidades inmigrantes, que están implementando planes de contingencia para enfrentar posibles detenciones y deportaciones.
La Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC) está ayudando a estas comunidades al ofrecer talleres y paquetes informativos que incluyen derechos constitucionales y contactos de emergencia.
Además, algunos inmigrantes de larga data también están siendo arrestados, como una mujer haitiana que, tras ser detenida en una cita de inmigración, enfrenta dificultades económicas mientras su familia lucha por mantener sus propiedades.
Su abogado critica la política migratoria actual, argumentando que está destruyendo comunidades y que casos como el de su cliente no deberían ser prioridad para las autoridades.
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