El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una actualización histórica de su Ordenanza de Estabilización de Alquileres, que fijará los aumentos máximos permitidos en un 4% para unas 650.000 viviendas reguladas.
Además, se eliminarán los recargos por electricidad y gas, en lo que constituye la modificación más importante de la política en más de 40 años.
Tras un intenso debate de dos horas, el concejo municipal aprobó con 12 votos a favor y 2 en contra las enmiendas que redefinirán el panorama de la vivienda rentada en la ciudad.
La nueva fórmula establece un límite mínimo del 1% y un máximo del 4% para los incrementos anuales de alquiler, tomando en cuenta el 90% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como base para el cálculo de ajustes.
A diferencia de la propuesta original, que planteaba un máximo del 3%, la versión final amplía el margen para los propietarios, aunque mantiene medidas para proteger a los inquilinos.
También se eliminarán los incrementos del 1% al 2% que se aplicaban a los arrendadores que cubrían servicios como gas o electricidad.
Equilibrio entre inquilinos y propietarios
La concejala Nithya Raman, presidenta del comité de vivienda, destacó que la actualización busca frenar la inseguridad económica y evitar la salida de residentes ante la crisis de asequibilidad. “Cuando nuestra gente se va, perdemos lo mejor de Los Ángeles”, advirtió.
Por su parte, Monica Rodríguez enfatizó que las medidas deben equilibrar las necesidades de inquilinos y propietarios, recordando que muchos arrendadores pequeños dependen de esos ingresos.
Ambos coincidieron en que el aumento de tarifas y costos de servicios amenaza tanto la oferta como la demanda de vivienda en la ciudad.
Los concejales ordenaron también fortalecer los fondos de rehabilitación para pequeños propietarios —con recursos de la Medida ULA y la Agencia de Soluciones de Vivienda Asequible— y realizar un estudio sobre el impacto de la nueva ordenanza de alquileres en la construcción futura.
Reacciones divididas en Los Ángeles
El debate no se limitó al pleno. Afuera del Ayuntamiento, defensores de inquilinos exigían topes más bajos, mientras asociaciones de propietarios advertían que los nuevos límites podrían desalentar la inversión y reducir la oferta de viviendas.
Según el Departamento de Vivienda, más de la mitad de los angelinos destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, y uno de cada diez gasta hasta el 90%.
Los opositores sostienen que el nuevo esquema no soluciona esa brecha, mientras que los defensores celebran un avance en la protección de los arrendatarios frente a la inflación.
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