El aumento en la permanencia de los niños en albergues federales en Estados Unidos preocupa a organizaciones de derechos humanos y defensores de infancia.
La causa principal está en las nuevas reglas de verificación de patrocinadores, que desde julio obligan a los padres a presentarse personalmente a entrevistas con funcionarios de inmigración, lo que en muchos casos ha derivado en detenciones y en un clima de miedo que retrasa la reunificación familiar.
Modificaciones al proceso y efectos en las familias
Desde el 9 de julio la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) formalizó un protocolo que exige que los padres o tutores legales que buscan recibir a los menores bajo custodia federal se sometan a un proceso presencial de validación de identidad y antecedentes, de acuerdo con Associated Press (AP).
A diferencia del procedimiento anterior, que permitía completar el trámite en línea, ahora se requiere comparecencia física y se autoriza la participación de agencias de seguridad como ICE.
Defensores legales advierten que esto ha resultado en arrestos. Neha Desai, del National Center for Youth Law, denunció a AP que “hemos documentado casos en los que padres han sido detenidos al acudir a la identificación”.
A su vez, Mary Miller Flowers, del Young Center for Immigrant Children’s Rights, relató que tras el arresto de un padre, una madre decidió no presentarse a la verificación, dejando a su hijo de 12 años más tiempo en custodia.
Las autoridades federales, por su parte, aseguran que informan a los patrocinadores sobre la posibilidad de entrevistas con ICE y aclaran que negarse a responder no afecta la liberación del menor.
Sin embargo, organizaciones han señalado que en varios casos no hubo aviso previo y los padres se enteraron del procedimiento en el momento.
Estancias prolongadas y nuevas cifras
El endurecimiento no se limita a los patrocinadores. Desde el 2 de julio, ICE también puede entrevistar directamente a los menores en los albergues, con poco margen de preparación y sin asesoría legal garantizada.
Según Jennifer Podkul, de Kids in Need of Defense, muchos agentes no están capacitados para tratar con jóvenes en situación traumática ni dominan su idioma.
La combinación de requisitos –huellas dactilares de todos los adultos en el hogar, comprobación de ingresos y estatus migratorio, evaluaciones domiciliarias e incluso pruebas de ADN– ha extendido significativamente los tiempos de custodia.
En julio, la estancia promedio fue de 171 días, frente a los 37 registrados en enero, reportó Shaina Aber, directora del Acacia Center for Justice.
Aunque inferior al máximo de abril, cuando llegó a 217 días, la cifra refleja un aumento dramático.
Aber subrayó a AP que estos cambios implican “una mayor presencia de la lógica y los recursos de control migratorio en una agencia cuyo mandato principal no es la aplicación de la ley migratoria”.
Actualmente, unos 2,000 menores no acompañados permanecen en custodia federal, a la espera de reunificación bajo un sistema cada vez más estricto.
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