El proceso para deportar a una persona en Estados Unidos (EEUU) varía de un caso a otro. Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deben verificar la situación legal del detenido, su nacionalidad y si el país de origen acepta su retorno.
Según una publicación de Capital, mientras algunos casos se resuelven en dos semanas, otros pueden extenderse por meses o incluso más, especialmente si hay falta de cooperación diplomática.
¿Qué países agilizan el proceso de deportación?
Los plazos de deportación son más cortos cuando el detenido proviene de países que colaboran activamente con las autoridades estadounidenses.
México, por ejemplo, es uno de los países con procesos más veloces, donde las deportaciones suelen concretarse entre una y dos semanas tras la orden definitiva, gracias a su rápida validación de documentos.
¿Se puede acelerar una deportación?
Sí, las personas que desean acortar el proceso de deportación pueden presentar documentos al ICE para confirmar su identidad y nacionalidad.
Esto incluye copias de pasaporte, certificados de nacimiento, documentos de identidad del país de origen o el número de USCIS. Enviar esta información por correo o entregarla en las oficinas del ICE puede facilitar una salida más rápida del país, evitando una detención prolongada.
¿Qué es el Programa de Liberación Supervisada (POCR)?
Si la deportación no puede efectuarse en los 90 días posteriores a la orden de remoción, el detenido podría calificar para un Programa de Liberación Supervisada (POCR).
Este programa permite al inmigrante continuar su proceso fuera de un centro de detención, bajo ciertas condiciones.
Para calificar, la persona debe demostrar que no representa un riesgo de fuga ni una amenaza para la comunidad, debe presentar documentación sobre familiares en EEUU, cartas de apoyo y un lugar estable de residencia. También es recomendable solicitar una carta al consulado de su país de origen.
¿Existen otras alternativas legales?
Si ICE niega la liberación supervisada, el inmigrante puede presentar una petición de habeas corpus ante una corte federal para impugnar la detención prolongada, aunque esto no revierte la orden de deportación.
Este mecanismo requiere asesoría legal experta. Existen excepciones para quienes no deben solicitar cartas consulares, como personas con asilo, estatus de refugiado o protección bajo la Convención contra la Tortura.
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