El gobernador JB Pritzker aprobó una normativa que redefine por completo la protección educativa en Illinois y garantiza que todos los alumnos puedan asistir a la escuela sin temor a represalias por su situación migratoria.
La ley HB3247, firmada el 15 de agosto y con entrada en vigor el 1 de enero de 2026, se perfila como una de las medidas más amplias en materia de derechos escolares, al blindar el acceso a la educación pública gratuita para miles de familias vulnerables.
Inspirada en el histórico fallo Plyler v. Doe de 1982 —que prohibió excluir a estudiantes por motivos migratorios—, la legislación establece que ninguna escuela, distrito o institución bajo contrato podrá aplicar prácticas que intimiden, discriminen o pongan en riesgo a los menores o a sus familias.
Las autoridades estatales buscan eliminar el miedo que históricamente ha frenado la asistencia escolar de hijos de inmigrantes y fortalecer la confianza en los entornos educativos.
Escuelas sin intimidación ni exclusiones encubiertas
La ley prohíbe que las instituciones educativas divulguen o utilicen información relacionada con el estatus migratorio real o presunto de los estudiantes o sus familiares.
Bajo el nuevo marco, queda estrictamente vetado amenazar, solicitar o compartir datos personales que puedan generar exclusión o discriminación.
Las escuelas tampoco podrán aplicar políticas administrativas que, de forma directa o indirecta, excluyan a estudiantes. Esto incluye pedir documentos de ciudadanía, origen nacional o estatus migratorio, salvo que una ley federal o estatal lo exija expresamente.
La normativa reafirma que ningún menor puede ser privado del acceso a la educación gratuita por la situación migratoria propia o de sus tutores.
Protocolos obligatorios frente a agentes policiales o migratorios
A partir del 1 de julio de 2026, los distritos escolares deberán contar con procedimientos estrictos para regular el ingreso de agentes de seguridad, incluidos los federales de inmigración.
Las reglas ordenan notificar y solicitar consentimiento a los padres o al estudiante adulto cuando un agente busque entrevistarlo por motivos migratorios, salvo orden judicial en contrario.
Además, toda interacción dentro de los recintos escolares deberá ser supervisada, documentada y evaluada por personal autorizado.
Cada distrito implementará un sistema de revisión de citaciones y órdenes judiciales, en coordinación con superintendentes y asesores legales.
La ley contempla sanciones severas para quienes incumplan. Desde julio de 2026, cualquier persona afectada podrá presentar una demanda civil dentro de un plazo de dos años.
Los tribunales podrán emitir órdenes correctivas, imponer medidas permanentes y otorgar compensación económica. Quienes ganen un caso tendrán derecho a recuperar costos legales, honorarios de abogados y gastos de peritos.
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