La comunidad migrante en Estados Unidos se encuentra en estado de alerta tras la noticia de una mujer en California enfrentando una deuda astronómica de casi 2 millones de dólares impuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Aunque la cifra suena a ciencia ficción, los expertos legales confirman que es una realidad técnica que el gobierno está utilizando con mayor frecuencia.
La abogada de inmigración Claudia Canizares analizó esta situación, arrojando luz sobre un mecanismo de sanción que muchos desconocían y que ahora es una prioridad en la agenda de cumplimiento migratorio de la actual administración.
El origen de la deuda: un contador que no se detiene
Muchos se preguntan cómo es posible que una infracción migratoria alcance cifras millonarias. La explicación reside en la acumulación diaria de penalidades. Según la abogada Canizares, estas sanciones están dirigidas específicamente a quienes han ignorado una orden de deportación previa.
“Ellos van contando por día. Hay una suma diaria que se va acumulando por cada día que no abandonas el país, y así la cantidad va aumentando”, detalló la abogada a N+ Univision.
Bajo este esquema, el paso del tiempo se convierte en el peor enemigo del migrante, transformando una infracción administrativa en una deuda civil que supera los 1.8 millones de dólares en diversos casos registrados recientemente.
Defensas legales y el "Escudo" del TPS
Recibir la notificación de deuda no es una sentencia final, sino el inicio de un proceso donde la respuesta oportuna es vital. Canizares enfatiza que existen mecanismos de defensa y que no todas las personas con órdenes de deportación pendientes están necesariamente violando la ley.
“Las personas tienen que entender que tienen derechos. Hay un periodo para responder y maneras de defenderse ante esta solicitud”, aclaró Canizares.
Un ejemplo clave son los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). La abogada explica que una persona con TPS que reciba esta notificación no ha violado la orden de deportación, ya que cuenta con un permiso legal y vigente para permanecer en territorio estadounidense.
Por ello, el primer paso es siempre una revisión técnica del estatus actual del individuo.
¿Pagar o salir? Las opciones sobre la mesa
Una de las declaraciones más contundentes de la jurista se refiere a la obligatoriedad de la deuda si el migrante decide abandonar el país. Contrario a lo que muchos temen, el pago no es un requisito indispensable para la salida.
“No tienen que pagar esta deuda. Pueden optar por salir de EE.UU. y simplemente obviar la deuda”, afirmó la abogada, aclarando que la salida del país detiene el contador de la multa.
Para quienes desean quedarse y pelear, Canizares sugiere que la multa puede evitarse o reducirse drásticamente mediante argumentos de insolvencia económica, razones humanitarias o demostrando que existen procesos legales en curso, como apelaciones pendientes o reportes regulares ante el ICE.
El riesgo real sobre tus bienes y el IRS
Aunque inicialmente se trata de una notificación civil y no de una demanda judicial inmediata, ignorar el documento puede abrir la puerta a consecuencias financieras graves.
Si el gobierno decide elevar el caso a una demanda y obtiene una victoria en los tribunales, los activos del migrante entrarían en juego.
“Podrían ir tras propiedades, cuentas de ahorro, cheques o incluso reembolsos del IRS”, advirtió Canizares.
Si bien la abogada aclara que, hasta el momento, la mayoría de los casos se han limitado a notificaciones de intención y no han llegado a embargos masivos, existe una voluntad clara por parte de la administración de utilizar estas herramientas para presionar la salida de indocumentados con órdenes finales.
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