Desde el 1 de diciembre de 2025 entraron en vigor modificaciones profundas al Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), la red federal que alimenta a más de 42 millones de personas en Estados Unidos.
El Departamento de Agricultura (USDA) confirmó que las nuevas reglas endurecen como nunca antes los requisitos laborales para adultos sin dependientes, lo que ya genera preocupación en organizaciones sociales y gobiernos estatales.
Reglas laborales más estrictas y eliminación de exenciones
El cambio más contundente impone que todos los adultos de 18 a 64 años sin hijos o dependientes deberán trabajar, estudiar o capacitarse al menos 80 horas mensuales para mantener sus beneficios.
Este umbral supera con creces las reglas previas y, según críticos, dejará a miles fuera del programa durante periodos de desempleo o inestabilidad económica.
Además, la nueva normativa elimina exenciones clave que protegían a veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salen del sistema de acogida.
La decisión se justifica —según el USDA— por hallazgos de una auditoría que detectó que 186.000 beneficiarios fallecidos seguían recibiendo recursos del programa.
SNAP costó más de $100 mil millones de dólares en el año fiscal 2024, con un promedio de $190.59 dólares por persona y $356.21 por hogar.
Frente a los cambios, los estados deberán exigir a miles de usuarios que recertifiquen su situación laboral y económica, un proceso que ya genera incertidumbre.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, alertó que las nuevas guías podrían afectar incluso a residentes legales y asilados, pese a protecciones históricas.
Más recortes y costos para los estados a partir de 2026
Las modificaciones no terminan en los requisitos laborales. A partir de 2026, los estados deberán cubrir hasta el 75 % de los costos administrativos de SNAP, un giro financiero que podría impactar sus presupuestos.
A esto se suma la eliminación de los fondos para SNAP-Ed, el programa de educación nutricional, recorte aprobado dentro de la polémica One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) en julio de 2025.
Activistas advierten que esta medida afectará sobre todo a comunidades vulnerables que dependen de estos programas para mejorar su acceso a alimentos saludables.
Defensores de la reforma aseguran que las medidas buscan reducir fraude y mal uso. Pero analistas y grupos comunitarios temen que, en un escenario de crisis o falta de empleo, las nuevas exigencias dejarán sin comida a millones de personas que dependen de SNAP para sobrevivir.
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