USCIS encendió las alarmas en el sistema migratorio tras anunciar la creación de un Centro de Verificación de Antecedentes, una unidad especializada que operará desde Atlanta y que marcará un giro hacia mayores controles, revisiones más profundas y evaluaciones reforzadas sobre solicitantes y beneficiarios de procesos migratorios.
El organismo aseguró que esta estructura centralizada permitirá detectar terroristas, delincuentes extranjeros, amenazas potenciales a la seguridad pública y casos de fraude con herramientas más avanzadas.
Una estrategia basada en inteligencia y tecnología avanzada
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración explicó que el nuevo centro integrará recursos del Departamento de Seguridad Nacional, agencias policiales y órganos de inteligencia para auditar solicitudes pendientes y también casos previamente aprobados.
El objetivo es ejecutar verificaciones complementarias mediante tecnologías avanzadas, incluidas aplicaciones de inteligencia artificial.
El director del USCIS, Joseph B. Edlow, enmarcó la medida en un momento de tensión nacional y la vinculó con incidentes recientes, entre ellos un ataque cometido por un extranjero contra miembros de la Guardia Nacional.
Según Edlow, la administración anterior priorizó la rapidez en los trámites por encima de la seguridad, algo que —afirmó— cambió “desde el primer día” del gobierno de Donald Trump.
Lo que hará el nuevo centro y el alcance de la orden ejecutiva
Una vez operativo, el centro dará prioridad a solicitantes originarios de países designados como “de interés” por el presidente.
La iniciativa forma parte de la Orden Ejecutiva 14161, orientada a “proteger a Estados Unidos de amenazas extranjeras”.
Entre las medidas vinculadas destacan la pausa en decisiones afirmativas de asilo, la contratación masiva de personal de seguridad nacional, nuevas reglas para reforzar verificaciones antes de extender permisos de trabajo y la creación de agentes especiales con autoridad policial para investigar violaciones migratorias.
El anuncio abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos de los migrantes en un entorno de políticas cada vez más estrictas.
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