Washington D.C. se prepara para una transformación drástica en su paisaje urbano ya que entró en vigor las nuevas y costosas regulaciones del Departamento de Transporte (DDOT) que amenazan con extinguir los populares "streateries".
Lo que nació en 2020 como un salvavidas esencial para el sector gastronómico enfrenta ahora un esquema de permisos permanentes con tarifas de $20 por pie cuadrado y costos de adecuación que pueden escalar hasta los $50 000.
Esta carga financiera, sumada a una burocracia más rígida, está obligando a numerosos propietarios a desmantelar las coloridas estructuras que revitalizaron las calles durante la pandemia, al considerar que el modelo ha dejado de ser rentable.
Caída de negocios
Según informa El Tiempo Latino, la deserción de negocios ya es evidente en distritos clave como Adams Morgan, donde apenas tres de los 33 restaurantes originales han mostrado interés en renovar sus permisos bajo el nuevo régimen.
Propietarios de locales emblemáticos, como Green Zone y Duke’s Grocery, advierten que las nuevas restricciones de diseño prohíben cerramientos completos para el invierno.
También exigen distancias específicas de árboles y viviendas y esto reducirá su capacidad de siete mesas a una sola en algunos casos, eliminando una fuente importante de ingresos.
Figuras del sector señalan que reconstruir los patios para cumplir con la normativa resulta impráctico, lo que detonará el cierre de espacios en lugares icónicos como Tonari y Daikaya.
Impacto
El efecto dominó de estas medidas alterará la dinámica social y económica de toda la región metropolitana, afectando la experiencia de visitantes de Maryland y Virginia que frecuentan zonas como Georgetown y Penn Quarter.
Datos de la Asociación de Restaurantes del Área Metropolitana de Washington revelan que, de casi 140 negocios con estructuras temporales, solo la mitad ha solicitado la continuidad, lo que augura calles más vacías y menos vibrantes.
Mientras el gobierno local busca orden y seguridad vial, los comerciantes denuncian que estas barreras administrativas asfixian la recuperación de la pequeña empresa y eliminan un atractivo cultural que definió la resistencia urbana de la capital.
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