La preocupación sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en escuelas se ha intensificado ante los cambios en las políticas migratorias. La información, obtenida del portal web El Nuevo Herald, permite aclarar cómo se regula el acceso de estos agentes a los centros educativos y cómo proteger a los estudiantes ante posibles intervenciones.
Según la normativa vigente, los agentes de inmigración solo pueden ingresar a escuelas si disponen de una orden judicial firmada por un juez o cuentan con el consentimiento de la autoridad competente.
En el condado Miami-Dade, por ejemplo, los reglamentos establecen que ningún niño puede ser interrogado por autoridades sin el permiso de sus padres o una orden judicial válida
. En ámbitos menos protegidos, como transporte público o áreas comunes cercanas, las restricciones pueden variar, aunque las políticas de distritos escolares buscan proteger a los estudiantes ante operativos de detención.
Derecho a la educación independientemente del estatus migratorio
Todos los niños desde kínder hasta 12º grado tienen garantizado el acceso a la educación pública sin importar su situación migratoria. Este derecho fue respaldado por el fallo histórico de la Corte Suprema en 1982, en el caso Plyler contra Doe, que prohibió a los estados negar educación gratuita a estudiantes indocumentados, basándose en la protección constitucional de la igualdad de acceso a la educación.
Además, las escuelas no están autorizadas a preguntar ni a mantener registros sobre el estatus migratorio de los estudiantes, y sus expedientes están protegidos por leyes que restringen el acceso de terceros sin orden judicial.
Medidas de protección y asesoría para familias
Ante temores de deportaciones, se recomienda a los padres mantener actualizada la información de contacto de emergencia en la escuela y completar documentos notarizados de tutela temporal para los hijos.
Esto facilita la custodia rápida en caso de detenciones. Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida ofrecen asesoría legal gratuita para apoyar a las familias. Asimismo, se sugiere que las comunidades establezcan programas de transporte compartido para minimizar riesgos de detenciones durante el traslado de estudiantes.
Se aconseja a los padres y estudiantes ejercer el derecho a guardar silencio y solicitar la presencia de un abogado ante cualquier encuentro con agentes migratorios, así como exigir una orden judicial antes de permitir la entrada a domicilios particulares.
Estas recomendaciones forman parte de protocolos establecidos en varios distritos escolares para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos educativos de los estudiantes.
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