Con el objetivo de asegurar el acceso a alimentos saludables, Pensilvania ha decidido prolongar la exención del requisito laboral para recibir los cupones de alimentos del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP).
Esta medida beneficiará a aproximadamente 200.000 adultos sanos sin dependientes que participan en este programa.
Los legisladores republicanos están buscando revertir esta decisión y volver a imponer el requisito de trabajar 20 horas semanales o participar en un programa de capacitación laboral para mantener los beneficios de los cupones de alimentos.
A lo largo de los últimos 20 años, Pensilvania ha recurrido a esta exención de manera esporádica. Sin embargo, un grupo de 39 legisladores republicanos ha manifestado su desacuerdo con esta medida prolongada.
Este grupo argumenta que fomenta la dependencia de los programas gubernamentales y agrava el problema de la escasez de mano de obra que enfrenta el estado.
Además de los beneficios, el programa ha sido objeto de escrutinio debido a posibles casos de fraude. Un informe del Estado reveló que se detectaron y corrigieron pagos erróneos por valor de más de 75 millones de dólares, lo que indica que las inversiones en auditoría generan un retorno significativo.
La expansión del programa SNAP en Pensilvania ha recibido fuertes críticas
La demanda de asistencia social en Pensilvania ha superado con creces el crecimiento poblacional en las últimas dos décadas.
Mientras que la población aumentó en 700.000 personas desde el año 2000, la participación en programas como el SNAP se duplicó con creces, pasando de 760 mil a más de dos millones de beneficiarios.
Según un análisis presentado por la Fundación para la Responsabilidad Gubernamental en febrero, las deficiencias en el diseño del programa están causando que los beneficios se distribuyan de manera inequitativa, llegando a personas que no cumplen con los criterios establecidos, como aquellos con ingresos elevados.
Asimismo, la fundación argumentó que los límites de tiempo del SNAP no fomentan la inserción laboral entre los beneficiarios de corta duración, dado que sus ingresos suelen decrecer.
Con relación al financiamiento, el 42% del presupuesto estatal se destina a servicios humanos. Los defensores de estos programas sostienen que van más allá de los alimentos y enfatizan la importancia de atender a adultos sanos para cubrir las necesidades de todos los beneficiarios.
Con información de La Nación
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