Tras la anulación del programa "Manteniendo a las Familias Unidas" (Parole in Place?, el gobierno estadounidense ha decidido compensar a los aproximadamente 94.000 inmigrantes que realizaron la solicitud con un reembolso de 580 dólares por persona.
El programa ofrecía una vía legal para que inmigrantes indocumentados con familiares estadounidenses pudieran regularizar su situación.
Sin embargo, un fallo judicial ha dejado a miles de solicitantes, quienes ya habían iniciado el proceso y realizado el pago correspondiente, sin poder acceder al beneficio migratorio que tanto esperaban.
¿Cuál era la finalidad del Parole in Place?
La iniciativa "Manteniendo a las Familias Unidas", presentada en junio de 2024, tenía como objetivo principal facilitar el proceso de obtención de la residencia permanente para inmigrantes indocumentados unidos en matrimonio con ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con CBS News, los requisitos de elegibilidad incluían un período mínimo de residencia de diez años en los Estados Unidos y la inexistencia de antecedentes penales relevantes.
La ley estadounidense permite que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses soliciten la residencia, pero los que entraron al país sin permiso deben salir y volver legalmente. Esto los expone a ser vetados por hasta 10 años.
El nuevo programa evitaba esta barrera al otorgar un permiso temporal que permitía solicitar la residencia sin salir del país.
El programa no solo beneficiaba a cónyuges de ciudadanos estadounidenses, sino que también extendía su alcance a aproximadamente 50.000 hijastros indocumentados, como informó CBS News.
Según estimaciones de la administración Biden, cerca de 500.000 inmigrantes podrían haber cumplido con los requisitos para participar en esta iniciativa.
Anulación del programa
El Tribunal de Distrito del Este de Texas emitió una orden que anuló el programa el pasado 7 de noviembre de 2024.
Esta corte determinó que la administración de Biden excedió su autoridad al implementar este programa, sin la aprobación previa del Congreso.
Cabe destacar que, los estados demandantes, argumentando una infracción a la legislación migratoria vigente, lograron que esta decisión judicial se emitiera en su favor.
Ante este fallo, el Servicio de Inmigración se vio obligado a suspender el procesamiento de las solicitudes pendientes.
En un comunicado oficial, la entidad gubernamental justificó el reembolso de las tarifas alegando que esta medida se encuentra en el interés público y cumple con la normativa vigente.
Explicó que los solicitantes habían abonado por un beneficio migratorio que, por causas ajenas a su voluntad, no podrá ser otorgado.
Además, anunció que las solicitudes pendientes serán archivadas y que los pagos serán devueltos en las próximas semanas.
Con información de Infobae
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