El matrimonio es una unión que debe estar basada en el derecho, la igualdad, el respeto mutuo y, desde luego, el amor, pero cuando se trata de formalizar una alianza en pro de intereses personales o monetarios, el gobierno estadounidense es capaz de sancionar gravemente a los implicados o sus cómplices.
Uno de los casos más comunes es el de los inmigrantes, especialmente si están indocumentados o su estado migratorio pende de un hilo.
Algunos tienen la creencia de que al desposar a un estadounidense de nacimiento o nacionalizado, hay una mayor posibilidad de conseguir su residencia permanente.
Por su parte, hay norteamericanos que acceden a desposarse con extranjeros si eso implica recibir un incentivo económico o cualquier otro beneficio; sin embargo, esta estrategia fraudulenta no pasa desapercibida por las autoridades, quienes abren una investigación a fin de determinar la legitimidad de ese matrimonio.
Si detectan irregularidades o los implicados fallan en alguna entrevista, la falsa pareja puede recibir sanciones penales, dado a que se consideran un delito federal este tipo de matrimonio.
“Podrías enfrentar cargos como conspiración o falsificación de declaraciones. Las penas pueden incluir hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares. Todo depende de la gravedad del caso y de cuántas personas estén involucradas”, refiere el portal de RPP.
Consecuencias de matrimonio fraudulento
Asimismo, los inmigrantes pueden perder la estabilidad que han conseguido en el territorio americano y corren el riesgo a que lo deporten a su país de origen dado a la falsedad de su matrimonio.
“Esto puede incluir la cancelación de tu estatus migratorio actual, tu deportación inmediata y la imposibilidad de regresar al país por largos periodos. En algunos casos, la prohibición puede ser permanente”, resalta RPPP.
Las consecuencias no terminan ahí, puesto a que el delito quedará registrado en el sistema y a largo plazo se le puede privar de otros beneficios migratorios, tales como la visa o las afamadas Green Cards.
“Además, estas sanciones no solo afectan al extranjero que busca regularizar su estatus, sino también al ciudadano o residente que participa en el fraude”, acota la web consultada.
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