La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, advirtió recientemente que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizados sin una identificación clara podrían desencadenar respuestas armadas legítimas por parte de los ciudadanos.
Los residentes pueden alegar a la doctrina Stand Your Ground (Defensa de su terreno) que está estipulada en el estatuto ARS 13-411 del estado. Mayes considera que emplear agentes enmascarados, sin identificar o de civil puede ser un desastre.
La funcionaria recalca que los ciudadanos tienen dificultades para distinguir entre una autoridad federal y un criminal según declaraciones recogidas por Fox 10.
Según Mayes, la irrupción en propiedad privada sin órdenes judiciales visibles vulnera la seguridad pública y los derechos constitucionales, lo que coloca a los habitantes en una posición de alerta máxima ante posibles invasiones de hogares.
Implicaciones legales
Desde una perspectiva legal, esta situación genera un conflicto de alto riesgo entre la normativa estatal y la federal.
Por un lado, el mencionado estatuto de Arizona ampara el uso de fuerza letal bajo la doctrina Stand Your Ground si una persona considera razonablemente que debe prevenir delitos graves como el secuestro o el robo domiciliario.
Sin embargo, el Código de los Estados Unidos, específicamente el 18 U.S.C. 111, establece sanciones severas para quien asalte, resista o impida la labor de un oficial federal en funciones.
Esta discrepancia representa un peligro importante para los ciudadanos: si un residente dispara contra un agente de ICE que no se identificó correctamente, podría enfrentar cargos federales por agresión a un oficial.
Esto podría ocurrir ncluso si su defensa fue válida bajo las leyes de Arizona, lo que crea una trampa jurídica de consecuencias potencialmente fatales.
Debate polémico
El debate escala a niveles políticos críticos, con legisladores como el congresista Abe Hamadeh tildando las declaraciones de Mayes como peligrosas para la integridad de los agentes.
Paralelamente, organizaciones de derechos civiles han denunciado incidentes donde la opacidad de los operativos provoca pánico, reportando casos de agentes que apuntan armas contra civiles por el simple hecho de grabar las intervenciones.
Mientras la administración estatal exige mayor transparencia en las redadas, la población de Arizona permanece en el centro de una disputa que pone a prueba los límites de la defensa propia frente a la autoridad migratoria encubierta.
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