Georgia | Conozca las leyes que empezarán a regir en 2025 (+Lista)

Así como la mayor parte de los territorios de Estados Unidos (EEUU), Georgia implementará una serie de nuevas leyes que impactarán en áreas clave.

Estas medidas buscan mejorar la transparencia, la eficiencia y la equidad en el estado.

Estamos hablando de modificaciones o nuevas disposiciones en áreas como la educación, los procesos electorales y las políticas fiscales.

Por ejemplo, desde el 1ro de enero entra en vigor la adopción del Código Eléctrico Nacional de 2023 sin enmiendas y las Enmiendas de 2025 al Código Internacional de Construcción de 2018.

Con actualizaciones que buscan garantizar que las construcciones en el estado cumplan con los estándares modernos de seguridad y eficiencia.

Ley SB233 - Educación

En principio tenemos una ley que ha sido criticada, hablamos de la SB 233, que introduce un programa de vales educativos destinado a estudiantes que asisten al 25% de las escuelas con los rendimientos más bajos.

Esto, basado según el sistema de calificación académica de Georgia.

Según esta nueva norma, los estudiantes elegibles podrán solicitar vales de $6.500.

Estos podrán utilizarse para cubrir matrículas en escuelas privadas, libros de texto, transporte, materiales para educación en el hogar, terapias, tutorías e incluso cursos universitarios anticipados para estudiantes de secundaria.

Será la Autoridad de Ahorro para la Educación de Georgia la encargada de administrar el programa.

Para ello, han establecido normas que amplían la elegibilidad a cualquier estudiante que resida en la zona de asistencia de una escuela de bajo rendimiento, incluso si no asiste a dicha escuela.

Este programa podría beneficiar a más de uno de cada cinco niños en el estado, con un presupuesto máximo de $144 millones.

Lo que se ha determinado es suficiente para otorgar más de 22.000 vales si se asignan los fondos completos en 2025.

Las solicitudes estarán disponibles a principios de 2025.

Ley SB 189 – Registro electoral

La Ley SB 189 introduce cambios en el registro electoral para las personas sin hogar.

Esto quiere decir que, a partir de enero, estas personas deberán utilizar la oficina electoral de su condado como dirección para recibir correspondencia relacionada con las elecciones.

Esta medida generó preocupación, ya que podría implicar desplazamientos significativos para recoger documentos importantes, incluidas las papeletas de voto en ausencia, y podría dar lugar a cuestionamientos sobre su elegibilidad.

Varias organizaciones como la Conferencia Estatal de Georgia de la NAACP y la Coalición de Georgia para la Agenda del Pueblo presentaron demandas argumentando que la ley es injusta.

Ya que otros votantes pueden recibir correspondencia en la dirección de su elección, independientemente de su lugar de residencia.

Ley SB 212 – Supervisión electoral

La Ley SB 212 reestructurará la administración electoral en varios condados de Georgia.

Anteriormente, los jueces de los tribunales de sucesiones actuaban como superintendentes electorales en condados sin juntas electorales propias.

Ahora, a partir del 1 de enero de 2025, esta responsabilidad recaerá en juntas electorales establecidas específicamente para este propósito.

Los gobiernos locales debieron crear estas juntas antes del 15 de diciembre de 2024, y serán responsables de supervisar las primarias y elecciones futuras.

Por ejemplo, algunos condados como Baldwin y Evans ya establecieron sus nuevas juntas electorales en preparación para este cambio.

Ley SB 366 – Políticas fiscales

Esta ley busca mejorar la transparencia y supervisión de los programas de incentivos fiscales en Georgia.

La SB 366 requiere que la Asamblea General realice al menos una docena de análisis económicos anuales sobre las medidas fiscales del estado, enfocándose en aquellas que están próximas a expirar o que representan un costo superior a $20 millones.

El Departamento de Auditoría y Contabilidad publicará estos análisis en su sitio web y compartirá la información con auditores independientes, fortaleciendo así la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.