El Estado de la Estrella Solitaria ha complicado las cosas para que las personas inmigrantes sin documentos puedan comprar y registrar un vehículo, algo que es esencial para su transporte, trabajo y vida cotidiana.
Las leyes estatales y locales, junto con la falta de disposición de algunas agencias, crean un verdadero laberinto burocrático, convirtiendo lo que debería ser una simple compra de un coche en una auténtica odisea.
¿Cuál es el requisito que cambia el panorama para los inmigrantes indocumentados?
Históricamente, los inmigrantes indocumentados han recurrido a diferentes formas de identificación para cumplir con los requisitos de registro de vehículos.
Documentos como el pasaporte de su país de origen o la Matrícula Consular (Tarjeta de Identificación Consular) solían ser aceptados.
Sin embargo, en un clima político cada vez más restrictivo, las oficinas de impuestos y registro de los condados están exigiendo con más rigor documentos que demuestren tanto la identidad como la residencia legal, lo que deja fuera de juego a quienes solo cuentan con identificaciones extranjeras.
La División de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) ha establecido una serie de requisitos que los solicitantes deben cumplir.
Aunque las leyes del estado no prohíben explícitamente el registro a indocumentados, la aplicación estricta de la necesidad de una prueba de residencia legal complica bastante el proceso.
Muchos condados interpretan las normativas de manera rigurosa, limitando así las opciones disponibles.
Organizaciones solicitan soluciones a Texas para ayudar a inmigrantes indocumentados
Organizaciones de derechos civiles e inmigrantes están instando a la legislatura de Texas a que considere alternativas viables.
La necesidad de un sistema de registro accesible no solo asegura que más conductores tengan seguro, sino que también ayuda a aumentar la recaudación de impuestos vehiculares, lo que beneficia a todo el estado.
La comunidad clama por la aceptación uniforme de identificaciones consulares y pasaportes como documentos principales, lo que simplificaría el proceso y alinearía a Texas con prácticas más inclusivas que ya se están implementando en otros estados.
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