Desde el 1 de noviembre, los hospitales en Texas que aceptan Medicaid y el Plan de Seguro de Salud Infantil (CHIP) están obligados a preguntar a todos sus pacientes sobre su estatus de ciudadanía e inmigración.
Esta medida, impulsada por una orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott, tiene como objetivo recopilar datos estadísticos, aunque los pacientes no están obligados a responder.
Es importante destacar que, aunque los hospitales deben realizar estas preguntas, diversos grupos de defensa, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), aclaran que nadie puede ser forzado a contestar.
Los pacientes tienen el derecho de optar por no responder sin que esto afecte su acceso a la atención médica. La orden establece que los hospitales deben informar a los pacientes que su decisión de no responder no influirá en la calidad de su atención, conforme a la legislación federal.
No se verá comprometida la atención médica
Harris Health, que incluye los hospitales Ben Taub y LBJ en Houston, reafirmó en un comunicado que la atención médica no se verá comprometida, independientemente de cómo respondan los pacientes a la pregunta sobre su estatus migratorio.
Si un paciente siente que un empleado del hospital lo presiona para que responda, tiene varias opciones. Puede solicitar hablar con la supervisora de enfermería de turno, un encargado de relaciones con los pacientes o un defensor de derechos del paciente.
Además, si se siente incómodo con la forma en que se le aborda el tema, puede contactar a la ACLU utilizando un formulario específico para reportar tales situaciones.
Razones gubernamentales
Los hospitales en Texas están obligados a preguntar a sus pacientes sobre su ciudadanía o estatus migratorio debido a una orden del gobernador Greg Abbott, quien busca entender cuánto gastan en el cuidado de inmigrantes indocumentados.
Abbott argumenta que las políticas de inmigración actuales han incrementado los costos para los estados y que el gobierno federal debería reembolsar estos gastos.
La información recopilada se utilizará para contar cuántos pacientes respondieron a la pregunta, pero no se compartirá información personal con ninguna agencia estatal.
El personal del hospital puede hacer esta pregunta en cualquier momento durante el proceso de admisión, pero esto no debe afectar la atención que recibe el paciente.
La orden del gobernador se aplica únicamente a los hospitales y no a las clínicas de urgencias administradas por ellos. Todos los pacientes serán preguntados, independientemente de su capacidad para pagar por el cuidado.
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Si alguien no se siente cómodo discutiendo sus derechos en inglés, puede solicitar un intérprete que hable su idioma nativo.
Con información de The Texas Tribune.
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