El Senado de Uruguay aprobó la Ley de Muerte Digna, autorizando la práctica de la eutanasia en el país.
Con 20 votos a favor de 31 parlamentarios presentes, la normativa convierte a Uruguay en la primera nación de Latinoamérica en avalar este derecho directamente a través del Poder Legislativo.
Si bien Colombia y Ecuador ya permiten la eutanasia, esta fue habilitada mediante fallos de sus respectivos poderes judiciales. La aprobación parlamentaria en Uruguay sienta un precedente histórico en la región.
Requisitos y el proceso clave para la solicitud
La nueva Ley de Muerte Digna, que consta de 13 artículos, establece un proceso riguroso para garantizar que la decisión del paciente sea libre, seria y firme:
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Beneficiarios: El derecho está reservado a personas mayores de edad y psíquicamente aptas que cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, y que padezcan sufrimientos considerados insoportables con un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida.
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Inicio del Trámite: El paciente debe solicitar la asistencia para morir por escrito ante un médico, quien deberá estar presente al momento de la firma y verificar que la voluntad de morir sea libre y firme.
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Doble Confirmación Médica: Se requiere una segunda opinión de otro especialista, quien deberá entrevistar al paciente y revisar su historia clínica en un plazo no mayor de cinco días.
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Junta Médica: Si existe desacuerdo entre los primeros dos médicos, el caso será evaluado por una Junta Médica integrada por tres profesionales, incluyendo un psiquiatra y un especialista en la patología.
La ley enfatiza que la decisión del paciente es revocable sin mayores requisitos en cualquier momento del proceso.
Aspectos éticos y protección profesional
La normativa garantiza la objeción de conciencia, respetando a los profesionales médicos que prefieran no realizar esta práctica. Los médicos involucrados en el procedimiento de eutanasia no serán sujetos de responsabilidad penal, civil o de otra índole.
Además, la ley establece una restricción clara: prohíbe la aplicación de la eutanasia a ciudadanos extranjeros, limitando el derecho exclusivamente a uruguayos o residentes legalmente establecidos en el país.
Con esta aprobación, Uruguay se une a un selecto grupo global que incluye a naciones como Bélgica, Canadá, España, Nueva Zelanda y Países Bajos.
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