El estudiante de doctorado Job García, ciudadano estadounidense de 37 años, presentó una demanda contra el Gobierno federal reclamando $1 millón por daños luego de que agentes de inmigración lo tumbaran al suelo y lo detuvieran durante más de 24 horas.
Los agentes lo interceptaron debido a que García filmaba una redada en un parking de Home Depot en Los Ángeles, de acuerdo con el portal Telemundo. La demanda será a través del Fondo Mexicano‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF).
¿Qué sucedió?
El incidente ocurrió en junio en un estacionamiento del centro de Los Ángeles, durante una redada de ICE contra jornaleros. García, que captaba el operativo con su cámara, fue derribado por agentes, esposado y trasladado a un centro de detención, permaneciendo detenido más de un día sin acceso a un juez ni notificación formal. MAlDEF lo atribuye a detención ilegal, uso excesivo de la fuerza e agresión.
Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y ICE, a través de una portavoz, afirmaron que García provocó y agredió verbalmente a un agente, justificando su arresto.
¿Cuáles son los fundamentos legales para esta demanda?
MALDEF sostiene que este acto viola derechos civiles esenciales: libertad de expresión, protección contra registros y aprehensiones arbitrarias, y derecho al debido proceso, acreditados por la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas estadounidenses.
Además, el organismo denuncia que la intervención de los agentes tuvo motivaciones discriminatorias, al enfocarse sobre migrantes latinos para detenerlos.
¿Hay antecedentes de este tipo de arrestos?
El arresto de García se inscribe en una serie de operativos en tiendas grandes, plazas y vecindarios con alta densidad de jornaleros, que según MALDEF y organizaciones comunitarias buscan intimidar a trabajadores latinos.
Autoridades municipales, como en Huntington Park, California, han desarrollado ordenanzas que exigen a agentes federales identificarse y adoptar protocolos para evitar detenciones en espacios públicos abiertos.
Este caso se suma a otros litigios presentados por ciudadanos estadounidenses que fueron identificados y arrestados erróneamente durante redadas migratorias. En 2019, un juez federal condenó al Border Patrol a pagar $1.5 millones por retener ilegalmente a una niña de 9 años y su hermano.
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