La administración estadounidense, al deportar a una persona, generalmente la envía a su país de origen según su nacionalidad.
Sin embargo, surgen complicaciones cuando el país de origen se niega a aceptar al deportado, lo que plantea desafíos legales, humanitarios y políticos, de acuerdo a lo reseñado por el portal El Tiempo Latino.
Las razones para la negativa pueden incluir la falta de documentación que confirme la nacionalidad, conflictos diplomáticos, o la negativa a aceptar ciudadanos con antecedentes penales.
Esta situación puede resultar en un limbo migratorio, donde las personas deportadas no pueden quedarse en EE. UU. ni regresar a su país.
Esto puede llevar a detenciones prolongadas, ya que, según las leyes migratorias estadounidenses, no se puede mantener a alguien detenido indefinidamente.
Si la deportación no se realiza en un período razonable, generalmente de seis meses, la persona puede ser liberada bajo supervisión, aunque su situación legal sigue siendo incierta.
Limbo migratorio
Las personas en este limbo enfrentan dificultades significativas, ya que no pueden trabajar legalmente ni acceder a beneficios sociales, dependiendo a menudo de redes de apoyo informales.
En algunos casos, EE. UU. negocia con terceros países para aceptar a los deportados, pero este proceso es complicado.
También existe la opción de solicitar asilo, aunque es difícil de obtener. Los apátridas, quienes no son reconocidos como ciudadanos por ningún país, enfrentan una marginación extrema, sin acceso a derechos básicos.
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