Este jueves, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes que buscan implementar la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
Según los republicanos, las leyes de Florida, un estado que durante mucho tiempo ha acogido a inmigrantes, se encuentran entre las más avanzadas de los estados controlados por conservadores que están trabajando para usar fondos estatales y locales para la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Pese a las preocupaciones de la comunidad de inmigrantes, muchos estados se apresuran por aprobar la propuesta de Trump, mientras que los legisladores de Florida preparan una posible pelea con los tribunales para aprobar una regulación, catalogada como inconstitucional por los críticos.
La nueva ley de Florida castiga con la pena máxima a inmigrantes que se encuentren en el país sin la documentación requerida y que cometan delitos como asesinato premeditado o abuso de menores, reseña The Associated Press.
Esta medida es más severa que las acciones tomadas por el gobierno de Trump, en materia de inmigración.
Cabe destacar que, los proyectos de ley fueron aprobados por DeSantis, luego de una semana de enfrentamientos con los legisladores, acerca de la mejor manera de apoyar las medidas de Trump contra los inmigrantes.
El gobernador DeSantis dijo que la nueva legislación de Florida es la más estricta del país en materia de inmigración ilegal.
Añadió que Florida está liderando la lucha para resolver la crisis de la inmigración ilegal.
¿De qué trata la nueva legislación migratoria aprobadas por el gobernador de Florida?
El plan propone invertir $289 millones en la contratación de más de 50 agentes de la ley especializados en asuntos migratorios, además de fondos para equipamiento y capacitación de agencias locales.
Asimismo, se contempla otorgar incentivos a oficiales que colaboren en operativos federales y cubrir los costos de alquiler de centros de detención
La propuesta también incluye la pena de muerte para los inmigrantes que cometan delitos graves mientras se encuentren en el país ilegalmente, destaca The Associated Press.
Los demócratas y los defensores de los derechos civiles dicen que esta disposición es inconstitucional, citando precedentes anteriores de la Corte Suprema.
Como parte del acuerdo, los legisladores eliminaron una propuesta anterior para despojar al gobernador de gran parte de sus poderes de emergencia en materia de inmigración.
Una disposición que generó críticas bipartidistas deroga una ley que permite a los estudiantes de Florida que están en el país sin autorización legal calificar para la matrícula estatal en universidades y colegios públicos.
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