Una maestra de la Escuela Primaria Gary, en West Chicago, se encuentra bajo investigación y en licencia administrativa tras publicar un polémico mensaje de apoyo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus redes sociales personales.
El incidente ha provocado una movilización masiva en una comunidad donde la población latina es predominante y donde el temor a las redadas migratorias es una realidad cotidiana.
"¡VAMOS ICE!": El post que encendió la protesta
La controversia comenzó la semana pasada cuando la educadora publicó el comentario en Facebook como respuesta a un artículo comunitario. La reacción fue inmediata:
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Movilización digital: Activistas locales compartieron la captura de pantalla del mensaje, calificándolo de "enfermizo" e "inapropiado" para alguien que trabaja con niños inmigrantes.
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Petición masiva: A través de Change.org, cientos de personas exigieron el despido de la maestra, argumentando que su postura afecta el bienestar emocional de los estudiantes.
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Boicot escolar: Se circuló un volante instando a los padres a no enviar a sus hijos a la escuela como medida de protesta, señalando que la promoción "casual" de ICE crea un ambiente hostil.
El polémico retiro de la renuncia
El manejo administrativo del caso ha sido confuso. Según un correo enviado por la superintendente del Distrito 33, Kristina Davis:
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Viernes: La maestra presentó una renuncia por escrito antes de que iniciara la investigación formal.
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Lunes: La docente retiró su renuncia antes de que la junta escolar pudiera aprobarla, lo que técnicamente le permitió presentarse a trabajar ese día.
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Estado actual: Tras una reunión de emergencia con la administración, la maestra fue puesta en licencia administrativa y tiene prohibido ingresar a cualquier propiedad del distrito mientras se realiza una investigación legal.
¿Libertad de expresión o entorno seguro?
La senadora estatal de Illinois, Karina Villa, se solidarizó con las familias y reconoció la complejidad del caso. Aunque la libertad de expresión es un derecho protegido, Villa subrayó que los educadores tienen la "responsabilidad inquebrantable" de garantizar que las escuelas sean refugios seguros para todos, sin importar su estatus migratorio.
Por su parte, el distrito no ha especificado qué políticas internas pudo haber violado la maestra al expresar apoyo a una agencia federal de aplicación de la ley en su cuenta personal, un vacío legal que promete prolongar la disputa.
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