La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quedó en el centro de un intenso choque político tras suspender la implementación de la Ley de Edificios Totalmente Eléctricos, una medida que incluía la prohibición de instalar estufas de gas en viviendas de nueva construcción.
La decisión, presentada como un paso táctico en medio de una batalla legal en curso, desató críticas inmediatas desde la izquierda ambientalista hasta los sectores republicanos, que ven en el retraso una maniobra calculada con fines electorales.
Los ecologistas reaccionaron con dureza y acusaron a Hochul de retroceder en compromisos climáticos urgentes.
Choque ideológico por la prohibición: ecologistas vs. republicanos
Organizaciones como Environmental Advocates NY insistieron en que el retraso mantiene al estado “anclado en un pasado de combustibles fósiles” y que cada mes perdido impacta el progreso climático.
Sostienen que Nueva York necesita acelerar la transición energética y no frenar políticas que, según afirman, representan una herramienta clave para reducir emisiones.
En el extremo opuesto, los republicanos atacaron la medida desde otra narrativa. La representante estatal Elise Stefanik denunció que la gobernadora “engaña a los neoyorquinos” y oculta un plan para imponer después de las elecciones políticas que —según ella— dispararán los costos y afectarán a trabajadores y familias.
Stefanik vinculó este retraso con el historial de Hochul sobre el cobro por congestión en Manhattan, asegurando que la demócrata aplica “pausas políticas” para evitar daños electorales.
Litigio abierto y presión sobre la gobernadora
La oficina de Hochul defendió la decisión al argumentar que busca reducir la incertidumbre regulatoria durante el litigio federal impulsado por asociaciones de constructores, sindicatos y grupos vinculados a la industria del gas.
Afirmó que la gobernadora mantiene su compromiso con la electrificación de edificios y la transición hacia energía más sostenible.
Mientras el estado espera un fallo del tribunal federal de apelaciones, la polémica sobre la prohibición de estufas de gas crece y expone un escenario político cada vez más polarizado, donde la energía se convierte en campo de batalla electoral y ambiental.
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